Ecuador deportó a más de 800 personas privadas de libertad (PPL) de nacionalidad colombiana. Los presos permanecieron desde la noche del viernes 25 de julio del 2025 en el puente de Rumichaca para iniciar el proceso como autoridades del país vecino.
Decenas de policías y militares se desplegaron en el lugar para asegurarse que el proceso se realice de forma segura y con los protocolos necesarios. También participó personal del Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Intendencia del Carchi, Municipio de Tulcán y Migración.
Los primeros presos de un colectivo de alrededor de 870 salieron de las cárceles de la provincias de Chimborazo, Carchi y Napo. Todos fueron trasladados en operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía, que empezarons desde la noche del jueves.
Los primeros presos empezaron a llegar al puente de Rumichaca, ubicado en la frontera con Colombia, cerca de las 14:30. Sin embargo, a las 19:30 un primer grupo de 13 personas lograron ingresar a territorio colombiano.
Demora en el proceso de deportación
La demora se produjo por problemas técnicos relacionados con el protocolo de ingreso al territorio colombiano, que no estaba activo en el momento en el que los reclusos empezaron a llegar a la frontera, según informó el comandante de Policía de Nariño, Pablo Galindo.
«Migración ya inició con todos sus procesos, como la verificación de antecedentes nuevamente, verificación de situaciones especiales y, si no tienen ningún tipo de situación siguen ya en tránsito en Colombia», aseguró el oficial.
Algunos reclusos no contaban con cédula, lo que retrasó más el protocolo de ingreso. Estaba previsto que 167 reclusos ingresen la noche del viernes desde Ecuador hacia Colombia, según cifras otorgadas por Galindo.
En la frontera para asegurar su integridad se habilitaron baterías sanitarias y se entregó alimentos.
La mañana de este sábado, 26 de julio del 2025, la Cancillería de Colombia informó que un equipo interinstitucional liderado por la ministra de Relaciones Exteriores encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy. Allí recibirá a los colombianos expulsados por Ecuador y acompañará a los gobiernos territoriales en esta contingencia.
Presos agradecidos por la «oportunidad»
Uno de los presos deportados fue Juan David Cardona, quien dijo a EFE sentirse agradecido con Ecuador por «la oportunidad» que les estaba dando de regresar a su país.
«A pesar de todos los errores uno está arrepentido de todo lo malo que ha hecho«, aseguró, y añadió que ahora lo que quiere es regresar con su familia y «aprovechar el tiempo perdido».
Cardona contó que la Justicia ecuatoriana le dio diez años de cárcel después de que lo encontraron «con droga», pero que solo cumplió dos. «Los ocho años quedarán allá porque ya voy para mi tierra», agregó.
Fernando Ortega coincidió con Cardona y aseguró que estaba feliz de poder volver a su país después de un poco más de un año en prisión, de los tres a los que lo habían sentenciado.
Ecuador responde a enérgica protesta de Colombia
Tras el inicio de las deportaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que había expresado su «más enérgica protesta» ante el Gobierno ecuatoriano por «este gesto inamistoso» hacia su país, pues la medida se había tomado de «manera unilateral».
La Cancillería colombiana mencionó que Ecuador tomó la decisión de deportar a sus nacionales: «desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes del Gobierno de Colombia en el sentido de generar un protocolo que permitiera el traslado de estas personas en condiciones dignas, con respeto de sus derechos, y en un proceso seguro y ordenado».
Y añadió que «se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos» en territorio ecuatoriano.
Ante la protesta de Colombia, el Gobierno de Ecuador aclaró que la deportación se realiza en «estricto cumplimiento del marco normativo vigente y de sus obligaciones internacionales en materia migratoria».
«El Ecuador rechaza, por lo tanto, la afirmación de una supuesta deportación colectiva«, añadió el comunicado difundido por la Cancillería ecuatoriana este sábado.
De igual forma, Ecuador aclaró que desde el 8 de julio se comunicó al Consulado de Colombia en Quito los procesos individuales de deportación en curso y ratificó su postura de diálogo y cooperación con Colombia.
Las prisiones son uno de los epicentros de la escalada de violencia criminal que afecta a Ecuador y que le ha llevado a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios durante el 2023. Situación que Noboa ha buscado contrarrestar al declarar al país bajo «conflicto armado interno» para enfrentar a las bandas criminales, a las que ha catalogado de terroristas.
En ese contexto, el mandatario ordenó el año pasado la repatriación de presos extranjeros. Hasta aquel momento eran unos 3 200 reos, equivalentes al 10 % de la población penitenciaria a nivel nacional, la gran mayoría de nacionalidades colombiana y venezolana. EFE