La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, en Quito, con mayoría oficialista, recibió el pasado martes, 5 de agosto, al contralor general del Estado, Mauricio Torres, quien expuso públicamente los resultados de los informes emitidos los anteriores lunes, 14 y 21 de julio, en relación con los contratos firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y las empresas Austral Technical Management (ATM) de Uruguay y Progen Industries LLC de los Estados Unidos.
En el primer informe de auditoría se identificaron indicios de responsabilidad penal (IRP) que comprometen a 19 personas, mientras que, en el segundo informe, a 24 individuos.
Respecto al caso Austral, tras la auditoría especial en la zona La Propicia, ubicada en Esmeraldas, la Contraloría General del Estado (CGE) encontró indicios de responsabilidad penal.
Recomendó establecer una responsabilidad administrativa por USD 123.280 y determinó obligaciones civiles que ascienden a USD 53,96 millones.
Sanciones
En el caso de Progen, vinculado con la generación eléctrica en las estaciones El Salitral y Quevedo, se recomendaron sanciones administrativas por USD 130.750 y se identificaron responsabilidades civiles por un total de USD 69,06 millones.
El contralor también informó que actualmente se está llevando a cabo un examen especial relacionado con la central termoeléctrica de Catamayo, en Loja.
Durante la sesión, los parlamentarios plantearon diversas inquietudes, entre ellas: cómo se conformó el equipo técnico que elaboró los informes, los cambios realizados en las cláusulas contractuales, la renuncia del proveedor al anticipo sin presentar garantías, el perjuicio económico al Estado que supera los 100 millones de dólares.
Hablaron sobre la responsabilidad de las máximas autoridades delegantes, la falta de eficiencia de los equipos, el pago de viáticos para las verificaciones, la aplicación del artículo 151 de la Constitución respecto a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, los mecanismos de recuperación de fondos públicos, y la distinción entre delegación, designación y disposición.
Por último, el contralor defendió el enfoque técnico de los informes, los cuales fueron elaborados por profesionales especializados y con experiencia en contrataciones bajo régimen emergente. Todos los informes y sus anexos fueron entregados a la Comisión de Transparencia.
Exministros exentos
Torres señaló que, los ministros no son responsables por los contratos relacionados con la generación eléctrica que fueron firmados con las empresas Progen y ATM durante la administración del gobierno del presidente reelecto, Daniel Noboa.
Explicó que, si bien el ministro autorizó la contratación bajo la figura de emergencia, la responsabilidad de los procesos de adquisición, como la compra de motores, recae en los gerentes generales de la CELEC, por ejemplo: Fabián Calero, exgerente general subrogante, viceministro de Electricidad y Energía Renovable y Jefe Corporativo de Prospección.
Calero fue reemplazado el pasado viernes, 18 de julio, por Jorge Jácome como nuevo gerente general de CELEC, en medio de las observaciones detectadas por la CGE, en los contratos de energía térmica con Progen y ATM.
Estos funcionarios pasaron por el Ministerio de Energía y Minas:
| Nombre | Cargo | Desde – Hasta | Rol actual |
|---|---|---|---|
| Andrea Arrobo Peña | Ministra titular | 12‑dic‑2023 → 16‑abr‑2024 | No retorna a cargo público conocido |
| Roberto Luque Nuques | Ministro encargado | 16‑abr‑2024 → 2‑jul‑2024 | Ministro de Transporte y Obras Públicas |
| Antonio Gonçalves Savinovich | Ministro titular | 2‑jul‑2024 → 9‑oct‑2024 | Sin cargo público divulgado |
| Inés María Manzano Díaz | Encargada → Titular | 9‑oct‑2024 → hoy (titular desde 11‑feb‑2025) | Ministra de Energía y Minas |
La culpa recae en los gerentes, según Torres
El exministro de Energía y Minas, y actual ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Roberto Luque, confirmó el anterior miércoles, 23 de julio, que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa por el caso Apagón. La entidad también allanó el pasado lunes, 28 de ese mes, la vivienda de Calero, en la capital.
No obstante, en este caso, dicha responsabilidad fue delegada a los gerentes de las unidades de negocio Termo Pichincha y Electro Guayas, en este último consta, según el directorio oficial disponible: Carlos Pérez, gerente de unidad encargado.
Según el contralor, tanto estos gerentes como la Comisión Técnica encargada de adjudicar los contratos deberán enfrentar las posibles consecuencias legales, ya sea en el ámbito administrativo, penal o civil.
Sin revelación de identidades
Aunque Félix Wong no fue ministro de Energía, se desempeñó desde el inicio del gobierno de Noboa el anterior jueves, 23 de noviembre de 2023, hasta el pasado viernes, 16 de agosto de 2024, como Secretario General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.
En esa posición, participó activamente en la estructuración y supervisión de los contratos de emergencia energética, junto con Noboa y otros funcionarios como Luque y Calero. Actualmente, Wong se encuentra en funciones diplomáticas en Colombia.
Torres no reveló los nombres de los investigados, ya que aún tienen la posibilidad de objetar el informe preliminar de la Contraloría.
Precisó que, los involucrados disponen de dos meses para presentar descargos en el ámbito civil y 30 días en el administrativo.
Añadió que, una vez concluido este proceso, solo en el caso civil se podrá solicitar una revisión, ya que en el ámbito administrativo no existe una instancia adicional.
Finalmente, Torres afirmó que, si se identifican responsabilidades económicas, la Contraloría tomará todas las medidas necesarias para recuperar los fondos públicos.
Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social
- Diana Jácome (P) ADN7
- Edmundo Cerda (VP) PK18
- Isaac Solano ADN7
- Jorge Guevara ADN7
- Dominique Serrano ADN7
- Dina Farinango PK18
- Jorge Chamba ADN7
- Blasco Luna RC5
- Germania Romero RC5
- Otto Vera PSC6
Nota por: David Josue Quispe Franco.
