Guayaquil, Ecuador
El sector agropecuario es fundamental para el desarrollo económico y social del Ecuador. Aunque valorado en las campañas políticas, es subestimado por los gobiernos en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
La inversión en este sector impulsa cinco áreas clave: la transformación de la producción primaria y la dinámica de la cadena agro productiva; la generación de divisas mediante la agro exportación; el fomento del crecimiento de la demanda interna en las zonas rurales; la liberación de la fuerza laboral agrícola hacia otros sectores de la economía; y la transferencia de los excedentes económicos para promover la industrialización.
En este contexto, las diferencias en los niveles de vida entre los habitantes de un país son atribuibles, fundamentalmente, a las diferencias de productividad, las cuales guardan una correlación directa con los niveles de inversión pública. Por consiguiente, constituye un factor primordial para combatir la pobreza rural, que afecta al 43.3% de sus habitantes, y la pobreza extrema, cuyo nivel alcanza el 27%.
La falta de inversión se refleja en los bajos rendimientos promedio de los cultivos. Cito algunos ejemplos dentro de nuestra región: en arroz, Ecuador tiene una productividad en toneladas métricas por hectárea de 5.5, mientras que Perú 9.5.; en caña de azúcar, Ecuador obtiene 87.21, mientras que Perú y Colombia superan las 130 tm/ha. En banano, Ecuador produce 1,950 cajas por hectárea, frente a las 2,800 de Costa Rica y las 3,000 de Guatemala. Brechas similares se observan en otros cultivos y en la producción ganadera de leche y carne ( Ministerios de Agricultura).
Otro indicador que evidencia estas brechas es la superficie cultivada bajo riego. En Ecuador, apenas el 26.5% dispone de riego, mientras que en Perú y Chile alcanzan el 47.9% y 48.7% respectivamente. En cuanto al uso de semilla certificada en el cultivo del arroz -un insumo clave para mejorar la productividad-, en Ecuador solo el 26% del área sembrada utiliza este tipo de semillas, porcentaje que no ha variado en los últimos 30 años. En comparación, Colombia el 62% y Perú 77%.
Desde una visión macroeconómica, la baja productividad se evidencia al relacionar el producto interno bruto agropecuario (PIBA), aproximadamente 8,100 millones de dólares (2024), con la población económicamente activa empleada en el sector agrícola.
En contraste con otros países de la región, Ecuador presenta una productividad por trabajador un 42% menor que Colombia, un 66% menor que Perú y Chile nos supera en un 220%, según el Banco Mundial.
En este sentido, la inversión en investigación es de enorme importancia para el desarrollo y competitividad del sector agropecuario. Los indicadores internacionales de ciencia y tecnología indican que debe destinarse, como mínimo, el 1% del valor del PIBA a investigación, siendo lo recomendado entre el 1.5% y el 2%.
Sin embargo, la inversión pública en investigación y desarrollo, asignada en el presupuesto general del Estado al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), apenas representa el 0.19% del PIBA, es decir, aproximadamente 15 millones de dólares, lo que significa casi cinco veces menos con relación a los estándares mínimos requeridos a nivel internacional.
En forma comparativa, es mayor en otros países: Chile invierte el 1.62%, Colombia el 0.95%, Bolivia el 0.40% y Perú el 0.85%. Desde la perspectiva del gasto público agropecuario total con relación al PIBA, Ecuador asignó en el año 2025 escasamente el 1.26%, equivalente aproximadamente 102 millones de dólares.
Según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), considerada la organización de mayor renombre a nivel global en políticas agrícolas, este porcentaje debería ser, en países latinoamericanos, no inferior al 5%. Además, para lograr una transformación significativa en la productividad, la competitividad y la reducción de la pobreza rural se requieren niveles de inversión pública entre el 10% y el 5%.
En este marco, el Plan ¨Manos Para El Campo¨ 2025-2034 del actual Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para la elaboración del presupuesto calcularon el promedio de la inflación anual de los últimos diez años en el Ecuador (1.18%). Este método de elaborar el presupuesto, no tiene sentido, debido a que perdura la inercia e ineficiencia. Debe utilizarse la técnica del presupuesto Base Cero, para los cambios que requiere el sector y poder romper paradigmas.
Esta asignación de acuerdo al Plan mencionado, implica un máximo aproximado del 2% del producto interno bruto agropecuario, que resulta insuficiente y evidencia una total falta de coherencia con los propios objetivos del plan, por lo tanto no cumple con las condiciones para impulsar la productividad y competitividad.
Se requiere una inversión mucho mayor en infraestructura para facilitar el acceso a los mercados y servicios, así como en transferencia de tecnología, capacitación y asistencia técnica, financiamiento para capitalizar a los productores, investigación y desarrollo, y la conformación de un sistema nacional de extensión agrícola.
¿Qué decisiones de política y qué estrategias de financiamiento se requieren para incrementar la asignación del 2% al 15% del PIBA, considerando los requerimientos para lograr la transformación estructural e institucional del sector?
Desde lo político, es necesario posicionar al sector agropecuario como estratégico en la agenda nacional. Desde lo cultural, se debe transitar de una cultura orientada al paternalismo a una de productividad. Por lo tanto, debe existir una visión compartida y una corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado agropecuario.
Asímismo, los gobiernos deben promover políticas de estado y reformas a las finanzas públicas con presupuestos base cero, que permitan incrementar gradualmente la asignación en el presupuesto del Estado, entre el 5% y el 8% del PIBA, mediante fondos competitivos, subvenciones, incentivos, bonos de desarrollo, préstamos internacionales, alianzas público-privadas, así como, un trabajo coordinado con los gobiernos provinciales.
Igualmente, para que en forma planificada lograr entre el 10% y 15% requeridos, gran parte de la solución radica en la iniciativa de los propios agricultores y ganaderos, promoviendo las contribuciones parafiscales. La parafiscalidad surge como una respuesta a la problemática generada por el insuficiente nivel de inversión de los gobiernos, así como a la incertidumbre y los riesgos inherentes al sector agropecuario.
Las contribuciones parafiscales son gravámenes obligatorios establecidos por ley, generados por entidades distintas al Estado. Por ejemplo: cámaras, gremios, asociaciones y otras organizaciones no estatales con fines específicos de interés sectorial.
Para su viabilidad, debe expresarse la voluntad de los propios integrantes de un determinado sector. Los aportes parafiscales no forman parte del presupuesto general del Estado; son recursos públicos que se recaudan con el propósito de beneficiar exclusivamente al mismo sector que los aporta, a través de programas de inversión definidos por el propio sector.
Por ello, debe implementarse una planificación gradual para los próximos diez años, con una retención como cuota de fomento por parte de los productores, que oscile entre 0.5% y 3.5% del precio por kilogramo vendido, dependiendo del cultivo y actividad ganadera.
Para superar las restricciones que la Constitución de la República impone a los mecanismos parafiscales es necesario introducir enmiendas en los artículos 300 y 301, que limitan la parafiscalidad. Para ello, se requiera la voluntad política del gobierno y de los legisladores, así como vencer los obstáculos que plantearán los grupos de interés opuestos a esta iniciativa. Pero, sobre todo, dependerá del consenso del propio sector agropecuario, decidido a asumir la responsabilidad de su propio destino.