Quito, Ecuador
Uno de los síntomas de que un gobierno está transitando hacia el autoritarismo es su empeño en borrar las fronteras entre el Estado -como sistema institucional- y la sociedad civil. Así procedieron los artífices de la constitución de 2008 cuando crearon el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y así está procediendo Daniel Noboa al convocar a los ciudadanos a una protesta contra la Corte Constitucional, que, según él, contrariando su voluntad, ha contrariado la voluntad del pueblo.
Thomas Hobbes, el gran teórico del absolutismo, sostenía que una vez que los hombres, a través de un pacto de cada uno con cada uno, transferían su poder al soberano, debían considerar las decisiones de este, incluso aquellas que les pudieran ocasionar un perjuicio, como decisiones propias. Noboa, por su parte, afirma: «Ese día, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo».
Convocando a los ciudadanos a una acción de protesta y participando en ella, Noboa quiere decirnos que en las relaciones entre él y los ecuatorianos nada tienen que hacer las instituciones de control. De hecho, un gobernante con tendencias autoritarias defenderá la necesidad de relacionarse directamente con el pueblo, y presentará a las instituciones de control, si son independientes, como un obstáculo para la satisfacción de las demandas de la población.
Un presidente de la república que convoca a la sociedad civil a una marcha de protesta deja, en virtud de ese acto, de representarla y termina convirtiéndose en el pueblo encarnado.
Movilizar a las masas desde el Ejecutivo es un recurso para minar la institucionalidad pública y personalizar la política en un movimiento doble: de legitimación del Ejecutivo, de un lado, y de deslegitimación de las instituciones que lo incomodan, de otro. La legitimidad, entendida como aprobación del pueblo, se opone así a la legalidad, es decir, a la legitimidad basada en la ley.
El mensaje que, con su llamado a movilizarse, da el presidente Noboa a los ecuatorianos es que, si quieren que en su gestión consiga buenos resultados, no deben permitir que el poder -su poder- sea limitado por el derecho.
Esto, obviamente, es un duro golpe a la vigencia del principio de legalidad en el país. “Con ese poder ciudadano, afirma Noboa, (…) vamos a protestar este día martes 12, porque no podemos permitir que nueve personas entronadas … vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes».
Si bien el contenido de las leyes debe responder a las necesidades de la convivencia social en un determinado momento, no puede contravenir los principios que, en las democracias constitucionales, establecen sus alcances y limitaciones.
El carácter de las relaciones entre instituciones públicas no depende del número de componentes de cada institución. Que sean nueve o diez personas las que conforman la Corte Constitucional no quiere decir nada, pues su relación con las otras instituciones del Estado está determinada por sus funciones dentro del sistema estatal. El número importa cuando las decisiones corresponden al pueblo, cuando corresponden a las instituciones no tiene ningún valor.
Debe considerarse, además, que, si la idea de la democracia como gobierno del pueblo tenía sentido en las democracias directas de la Grecia antigua, en las democracias representativas actuales, no. En estos regímenes, el pueblo nunca gobierna, quienes lo hacen en su nombre son los representantes que ha elegido. Los cuales, al erigirse en autoridades, se separan de él.
La separación de unos y otros vuelve necesaria la limitación del poder de los gobernantes, pues sus decisiones -que no son las del pueblo- tienen una incidencia mayúscula en la vida de los ciudadanos que los han elegido. Pretender ser pueblo, en el caso de los gobernantes, es un arbitrio para evitar la limitación legal de su poder. Noboa lo ha entendido muy bien. Y al adoptar este arbitrio, ha dado un paso más en dirección al autoritarismo.