El gobierno solicitó ayer a la Corte Constitucional (CC) posponer la audiencia programada para el próximo lunes, 18 de agosto, en la que se abordarán las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, enviada el anterior martes, 27 de mayo, como urgente en materia económica por el Ejecutivo, aprobada el 24 de junio, con 84 votos a favor en la Asamblea Nacional, en Quito, y publicada el pasado jueves, 26 de ese mes, en el Registro oficial.
Esta solicitud fue enviada por Stalin Andino, secretario general Jurídico de la Presidencia, un día después de la movilización en la capital liderada por el presidente reelecto, Daniel Noboa, junto a ministros y asambleístas, hacia el alto tribunal.
De acuerdo con Andino, el propósito del pedido es contar con el tiempo necesario para “defender la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas” y responder adecuadamente a las demandas acumuladas.
El Parlamento también tiene previsto presentar una solicitud similar, además de pedir una extensión de los plazos para responder en dos procesos adicionales que involucran la Ley de Solidaridad Nacional (mandada como urgente) y la Ley de Inteligencia (tratada de forma normal).
Cabe recordar que, el anterior lunes, 4 de agosto, como medida cautelar, la Corte suspendió temporalmente una veintena de artículos de estas leyes debido a posibles violaciones de derechos, hasta que se emita una sentencia definitiva.
Temas cuestionados
Entre los temas cuestionados están las definiciones de conflicto armado interno, grupos armados organizados, los indultos presidenciales diferidos, y la conversión de cooperativas en bancos.
En un comunicado, el Legislativo expresó su preocupación por la reducción de los plazos legales otorgados por la Corte para presentar sus argumentos en defensa de estas normas ante las demandas de inconstitucionalidad.
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece un período de 15 días para preparar una defensa, pero en el caso 52-25-IN dicho plazo fue reducido a siete días, y en los otros dos casos, a apenas tres días.
Esto representa una disminución de hasta 12 días respecto al tiempo estipulado por la ley, según el Congreso.
Desde el Parlamento se advierte que esta reducción de tiempo dificulta la elaboración de una respuesta técnica acorde con la importancia y el impacto que tienen estos procesos para el país.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
