El gobierno del presidente Daniel Noboa ha anunciado que sí acudirá a la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional (CC) para el próximo 18 de agosto. También ha pedido que la audiencia pública (para tratar las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública) pública sea presencial.
El juez José Terán, quien desarrollará la ponencia para resolución del pleno, ha convocado de forma telemática para escuchar a las partes a favor y en contra de la ley, que reforma alrededor de 20 normas y, sobre esa base, preparar su proyecto de sentencia.
Previamente, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino había solicitado formalmente que se “difiera” la audiencia porque requería más tiempo para preparar sus alegatos de defensa frente a las 19 demandas de inconstitucionalidad planteadas por agrupaciones de la sociedad civil.
“Desisto de dicho requerimiento y solicito que la audiencia para el día previamente convocado sea presencial, toda vez que los asuntos que se tratarán son de interés nacional y requieren el más alto nivel de garantía del principio de inmediación procesal”, justifica Andino al juez José Terán, quien desarrollará la ponencia para resolución del pleno.
Ahora resta saber la respuesta de la Corte Constitucional al pedido del Gobierno sobre la manera en la que se vaa a desarrollar la audiencia. (I)
