Guayaquil, Ecuador
El gobierno del presidente Daniel Noboa ha implementado el “Programa Agro Joven”, una intervención de política pública, que busca fomentar el empleo rural en los jovenes entre 18 y 29 años, mediante el fortalecimiento de iniciativas productivas agropecuarias y sistemas agroforestales. El programa otorga un financiamiento de hasta $10,000 por proyecto.
Esta propuesta, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ya está en marcha en otros países como Honduras, Guatemala, Colombia, Vietnam, Ghana, entre otros. Tiene como objetivo la inversión en los jóvenes, como factor clave del progreso rural. Se estima que en el mundo habitan 1.200 millones de jóvenes, que representan el 16% de la población global, y de los cuales aproximadamente el 90% vive en los países en desarrollo (FAO).
En Ecuador, este segmento —entre 18 y 29 años —, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, mayo 2025), presenta una tasa de desempleo del 8,3 %. El subempleo se sitúa en 28,3 % , y el 72,0 % de los jóvenes no cuenta con un empleo adecuado. Tienen un ingreso laboral promedio mensual de $381.60. Representan el 20,32 % del total de la población del país. Por lo tanto, esta iniciativa responde a una necesidad de vital importancia.
Para coordinar y ejecutar los proyectos del programa, se ha constituido un comité mediante Decreto Ejecutivo, conformado por nueve entidades públicas: los ministerios de Agricultura, Producción,Turismo, Educación, Ambiente, Inclusión Económica, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, BanEcuador y Agrocalidad.
Considerando que la meta para el país no es el programa en sí, sino promover el empleo de los jóvenes rurales, estimo que la propuesta debe profundizarse para fortalecer la estructura e institucionalidad de la estrategia puesta en práctica.
Es innecesario y demasiado burocrático el comité conformado para la gestión del programa. Debería estar integrado por representantes del sector agropecuario privado, las universidades y tres ministerios: Agricultura, Producción y Turismo.
Asimismo, se requiere que el programa esté vinculado con las incubadoras de negocios de las universidades, que brindan apoyo a emprendedores para promover la creación y el fortalecimiento de nuevos negocios. Igualmente, es pertinente incorporar a los bachilleratos técnicos agropecuarios, que existen en diversas poblaciones rurales.
Además, se podrían estimular los negocios inclusivos, con el propósito de incorporar los proyectos de los jóvenes dentro de la agrocadena productiva y enmarcarlos en la responsabilidad social empresarial.
Con respecto al financiamiento se tiene previsto una inversión inicial de $1300.000, que será asignada a los proyectos como cooperación no reembolsable. Opino que la disponibilidad de recursos debe ampliarse mediante el establecimiento de fondos concursables, para que las pequeñas empresas formadas por los jóvenes compitan a través de sus proyectos.
En estos casos, el valor asignado deberá consistir en préstamos mayores a $10,000 por proyecto, por consiguiente, reembolsables. Para este tipo de fondos, se puede recurrir a organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial.
Por otra parte, para comprobar la eficacia del programa, es necesario establecer un mecanismo de seguimiento que incluya indicadores clave de inserción laboral y cumplimiento de objetivos.
El ”Programa Agro Joven”, representa, indiscutiblemente, un aporte relevante. La colaboración de la FAO le proporciona mayor solvencia técnica y debe integrarse dentro de una estrategia nacional de fomento del empleo.
Sin embargo, para que esta iniciativa se convierta en política de Estado, el gobierno debe implementarla con una visión de mediano y largo plazo, y no como un rédito político coyuntural. A su vez, se requiere fortalecerla con la participación activa del sector privado y académico, ya que el desarrollo rural necesita sentido de urgencia.