El Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, aprobó este martes, 19 de agosto, el proyecto de la Ley Orgánica para Garantizar los Derechos y Fomentar el Empoderamiento de las Mujeres Rurales, resaltando su rol fundamental en la producción agrícola, sostenibilidad ambiental, soberanía alimentaria y economía solidaria.
La iniciativa legislativa contempló una serie de beneficios como créditos con tasas de interés preferenciales, educación financiera, capacitación técnica, acceso a conectividad e igualdad de remuneración.
Jaime Estrada, presidente correísta de la Comisión De Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, fue quien lo anunció, además, este organismo encargado de la elaboración del informe que fundamentó el debate legislativo.
Estrada enfatizó que esta ley no es simplemente una recopilación de normas, sino una herramienta para alcanzar justicia social para más de tres millones de mujeres rurales.
Muchas de ellas enfrentan condiciones extremas: una de cada dos vive en pobreza extrema, seis de cada diez ha sido víctima de violencia de género y una de cada cinco no ha podido acceder a la educación debido a barreras sociales que, aseguró, deben ser eliminadas de manera colectiva.
Derechos fundamentales
Señaló que la ley reconoce derechos fundamentales de las mujeres rurales, como el acceso a la tierra, al financiamiento, a la educación, a una vida libre de violencia y a tomar decisiones sobre sus propias vidas, en consonancia con las demandas de sus lideresas. “No piden caridad, exigen herramientas para vivir con dignidad y autonomía”.
Durante la discusión, los parlamentarios coincidieron en que las mujeres rurales en Ecuador enfrentan profundas desigualdades estructurales, múltiples formas de discriminación e interseccionalidad, expresadas en pobreza, falta de servicios básicos, empleos precarios, violencia de género, exclusión de espacios de poder y el desconocimiento de su aporte a la economía, la cultura y el medio ambiente.
La asambleísta óficialista, Ana Belén Tapia, remarcó que la lucha por los derechos de las mujeres rurales no es un discurso vacío, sino una experiencia vivida que la motiva a representarlas.
Celebró la propuesta legislativa, que amplía las posibilidades de justicia, dignidad y visibilidad para millones de mujeres del campo, incluidas las quichuas y afrodescendientes.
Deuda histórica
Dina Farinango por Pachakutik sostuvo que la ley busca saldar una deuda histórica con las mujeres rurales de todos los sectores del país y subrayó su enfoque intercultural. Propuso también incorporar el principio de plurinacionalidad.
Lorena Rosado, del oficialismo, afirmó: “Debemos actuar unidos y convencidos de que, desde la ruralidad, tenemos un papel relevante. Las mujeres no reclaman privilegios, sino justicia, igualdad, reconocimiento y valoración”.
Gustavo Mateus, del correísmo, agregó que el proyecto incluye un enfoque real de derechos sociales con perspectiva de interseccionalidad y justicia territorial, lo que permitirá que, una vez aprobado, tenga un impacto tangible en la vida de quienes históricamente han sido excluidas.
El proyecto contempló líneas de crédito específicas para mujeres rurales, con condiciones ventajosas como intereses diferenciados, plazos largos y períodos de gracia.
Estableció la representación equitativa de mujeres rurales en todos los niveles de decisión vinculados al ámbito rural, promoviendo la paridad de género y el respeto por la diversidad cultural.
Impulsó su formación política, el fortalecimiento del liderazgo y su participación activa en la Mesa Técnica Interinstitucional.
Tras este primer debate, la propuesta regresará a la Comisión de Garantías Constitucionales, donde se analizarán las observaciones recibidas y se preparará el informe para el segundo debate legislativo.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
