Guayaquil, Ecuador
A inicios de este año, mientras disfrutábamos del feriado inusualmente largo que el presidente Daniel Noboa decretó para poder desinstitucionalizar un poco más al país mientras la ciudadanía estaba de vacaciones, reflexionaba sobre cuáles serían los principales conflictos políticos e institucionales que este nuevo año nos traería. Parece una constante en la historia del Ecuador, ¿verdad?
Una vez pasada la segunda vuelta electoral con la correspondiente victoria del Ejecutivo, la alineación con el Legislativo, recambio en la vicepresidencia, y el correísmo en la UCI, el horizonte que nos prometían era el de cambio, reformas y crecimiento, todo bajo el paraguas de la certidumbre institucional.
Tanto es así que se nos vendió la idea de que una asamblea constituyente no sería deseable en la actualidad, debido a la alta carga de incertidumbre que genera de cara al futuro. Supuestamente, en un trabajo conjunto entre Ejecutivo y Legislativo se iban a empezar a llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesita para crecer, no solo a nivel económico, sino también en materia de seguridad y justicia.
Sin embargo, el reciente choque entre el gobierno y la Corte Constitucional desmonta por completo cualquier pretensión falsamente establecida en el pasado, y reafirma las tendencias autoritarias vistas en 2024 en el conflicto con la vicepresidencia. Veámoslo por partes.
Por un lado, si el gobierno tenía la intención de dar paso a reformas mediante el trabajo conjunto con la Asamblea Nacional, debía ser muy específico, quirúrgico, y desde luego tener previamente mapeadas las posibilidades. Con un marco constitucional tan restrictivo como el nuestro, es una condición necesaria para emprender ese camino legislativo y evitar, en un inicio, la asamblea constituyente.
Por otro lado, una vez hecha la “embarrada” aprobando leyes con serias y rigurosas preocupaciones de inconstitucionalidad, el camino correcto hubiese sido asumir la realidad y corregir, ya sea modificando las leyes propuestas o, en realidad, embarcarnos en reformas constitucionales que abracen la agenda de reformas propuesta por el gobierno.
En contraste, el camino elegido ha sido el conflicto cuasi autoritario con muestra de rostros incluida, acogiéndose a las peores prácticas de los regímenes que tanto criticaban a su llegada.
Señalar con el dedo a un grupo de personas y tacharlas de “enemigos de la ciudadanía” por hacer su trabajo no debería ser consentido ni tolerado bajo ningún concepto. Argumentan que el “trabajo” de esas nueve personas es un trabajo que le hace daño al país, porque se dedican a defender una constitución perversa y dañina. Estoy de acuerdo, pero el camino no es atacarlos a ellos, sino a la verdadera y real causa de los problemas: la Constitución.
Para el gobierno: no es que no sabían que el problema era la Constitución. Lo sabían, por eso consideraron entrar a un proceso constituyente. Tomaron sus decisiones, y después se equivocaron encima de esa decisión al traer de vuelta las peores prácticas de la política ecuatoriana, en lugar de asumir el fallo y rectificar. Pero claro, estamos en Ecuador, como si esas cosas pasaran.
A los defensores de estas acciones: por mucho que la institucionalidad del Ecuador esté en ruinas y sea prácticamente inexistente, eso no debería ser razón para justificar actos que son per se reprobables. Las buenas prácticas se defienden tanto como las buenas ideas, porque las buenas prácticas no son más que la expresión de las buenas ideas en el mundo real.