El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, añadió tres municipios a la lista de los territorios en los que decretó el pasado 6 de agosto uno más de los sucesivos estados de excepción que ha dictado para combatir al crimen organizado desde que a inicios de 2024 declaró un «conflicto armado interno» para enfrentar la crisis de violencia sin precedentes que vive el país andino.
Se trata de los municipios de La Maná, ubicado en la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, pertenecientes a Bolívar, que se unen a las provincias de El Oro, Manabí, Los Ríos y Guayas.
Para las fuerzas de seguridad, estos tres municipios se han convertido en «localidades estratégicas para el crimen organizado», debido a su cercanía con la provincia de Los Ríos, según se detalla en el decreto emitido por Noboa la noche del miércoles desde Argentina, donde este jueves se reunirá con el presidente Javier Milei.
De La Maná se señala, por ejemplo, que ha pasado a ser «una zona de descanso y planificación de algunas células delictivas, las cuales han migrado debido al accionar del bloque de seguridad en contra de cabecillas y líderes en la provincia de Los Ríos».
En el decreto se indica que, en esos sitios, las organizaciones delictivas Los Lobos y Los Choneros, las más grandes del país, «operan con alta sofisticación y control territorial, aprovechando rutas para la venta y distribución» de drogas, pero también extorsionan al sector minero.
El estado de excepción implica que en estos territorios están suspendidos los derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, con el objetivo de facilitar las operaciones de las fuerzas de seguridad, especialmente en la irrupción a viviendas e inmuebles sospechosos.
Este nuevo decreto, que tendrá que ser revisado por la Corte Constitucional, llega en un momento de enfrentamiento de Noboa contra el máximo tribunal de garantías, ya que recientemente anuló parcialmente una serie de artículos de un conjunto de polémicas leyes promovidas por el mandatario.
Entre los artículos suspendidos figura la prerrogativa que se le había dado a Noboa para conceder «indultos anticipados» a policías y militares que sean procesados delitos cometidos en el marco del «conflicto armado interno», así como la posibilidad de que el sistema nacional de inteligencia dé identidades falsas a los agentes y maneje recursos exentos de cumplir con la ley de contratación pública.
Entre enero y junio de este año, el país andino tuvo el semestre más violento desde que se tienen registros, con 4.619 homicidios según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos. EFE (I)