Quito, Ecuador
El despliegue de buques y submarinos de Estados Unidos en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, ha marcado un punto de inflexión en la dinámica del narcotráfico regional. Con esta medida, Washington busca bloquear uno de los corredores más utilizados históricamente para el traslado de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, el Caribe y, finalmente, a las costas de Norteamérica.
Sin embargo, más allá de su objetivo inmediato de reducir la entrada de droga en su territorio, esta operación militar genera un reacomodo de rutas que impacta directamente a otros países de la región.
Entre ellos, Ecuador que se posiciona en el epicentro de este nuevo tablero criminal.
Durante décadas, el corredor caribeño representó una vía de exportación eficiente para los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Clan del Golfo y Cartel de los Soles, sustentado en la debilidad institucional de varios países insulares y en la amplitud del mar abierto para evadir patrullajes. Hoy, con el despliegue de unidades navales y submarinas, esa autopista se cierra de manera parcial, encareciendo y volviendo más riesgoso cada cargamento.
La consecuencia inmediata es la búsqueda de alternativas. El crimen organizado, que se caracteriza por su capacidad de adaptación, no detiene el flujo de la mercancía, sino que redirige su tránsito. Y en este reacomodo, Ecuador emerge como un territorio de altísima relevancia.
Ecuador se encuentra atravesado por los dos corredores de narcotráfico más importantes de la región: el corredor del Pacífico y el corredor Oriental o Amazónico. Su presencia ha transformado de manera profunda la dinámica delictiva, generando un aumento sostenido de la violencia, la inseguridad y la proliferación de bandas criminales locales.
El primero conecta la frontera norte con los puertos de Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Posorja y Puerto Bolívar, que se han consolidado como verdaderas plataformas internacionales de distribución de cocaína.
El segundo, de carácter amazónico, cruza el oriente ecuatoriano hacia Perú y Brasil, enlazándose con la red atlántica hacia África y Europa. Una variante de este mismo corredor se redirecciona también hacia los puertos ecuatorianos, reforzando así la capacidad logística de exportación.
Lo que va a suceder en corto tiempo con el cierre del corredor del Caribe es que estos dos corredores incrementen de forma acelerada el traslado de cocaína hacia los puertos ecuatorianos, intensificando el rol del país como plataforma estratégica para el narcotráfico internacional.
Las consecuencias internas para Ecuador son profundas y complejas. En las principales ciudades costeras, la violencia urbana se intensifica a medida que bandas locales como los Choneros, los Lobos y los Tiguerones pugnan por controlar los corredores internos hacia los puertos.
Estas disputas, que se reflejan en homicidios, masacres carcelarias y atentados selectivos, son la expresión visible de un fenómeno mayor: la infiltración del crimen organizado en la infraestructura logística y en las instituciones.
Investigaciones de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC, 2024) muestran que la corrupción en puertos y aduanas ecuatorianas es hoy una de las principales debilidades que aprovechan los carteles internacionales.
En términos regionales, la política de interdicción en el Caribe se convierte en un efecto boomerang. Lo que en apariencia busca disminuir el flujo de cocaína hacia el norte, en la práctica redistribuye el problema y coloca una carga desproporcionada sobre países como Ecuador para enfrentar el fenómeno.
De este modo, lejos de reducir la circulación global de la cocaína, la estrategia estadounidense desplaza la violencia, multiplica los escenarios de confrontación y fortalece a los intermediarios que operan en territorios vulnerables.
El desafío para Ecuador, por lo tanto, es monumental. No basta con reforzar la vigilancia en los puertos ni con incrementar los patrullajes fronterizos. Se requiere una estrategia integral que combine la cooperación internacional, la diplomacia regional y políticas de seguridad multidimensionales que integren al mismo tiempo la lucha contra la corrupción, la inversión social en las zonas fronterizas y un mayor control sobre la cadena logística del comercio exterior.
El país enfrenta el riesgo de convertirse en el nuevo epicentro del narcotráfico continental si no logra anticipar los movimientos del crimen organizado y contenerlos con políticas de Estado de largo plazo.
Lo que hoy ocurre en el Caribe no debe ser interpretado únicamente como un éxito operativo de Estados Unidos. Constituye una alerta para el resto de la región. Al cerrarse una ruta, inevitablemente otra se abre, y Ecuador, con sus corredores del Pacífico y el Oriental o Amazónico, se perfila como el espacio más vulnerable a esta presión.
El desafío no solo es policial o militar, sino gubernamental y social. De lo contrario, lo que se presenta como un bloqueo marítimo en el Caribe puede terminar siendo, para Ecuador, la apertura de un nuevo ciclo de violencia y criminalidad que afectará de manera directa a su población y pondrá en entredicho la estabilidad de todo el país.