Un juez instaló este miércoles la audiencia preparatoria de juicio por el caso por presunto cohecho en el que es procesado el expresidente Lenín Moreno (2017-2021), diligencia en la que el defensor del exmandatario pidió que se anule el proceso porque no se había pedido permiso a la Asamblea Nacional para imputarlo.
En el denominado como ‘Caso Sinohydro‘, la Fiscalía ha puesto la lupa sobre una presunta red de corrupción alrededor del proyecto de construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.
El Ministerio Público estima que la empresa estatal china Sinohydro pagó en torno a 76 millones de dólares en supuestos sobornos. Veinticuatro personas están procesadas en este caso, entre ellas Moreno, su esposa, su hija, sus hermanos y exempleados de la compañía.
Los hechos ocurrieron supuestamente cuando Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), del cual es ahora un enconado rival político. En ese entonces, Moreno no tenía ningún poder de decisión para que se firme el contrato, ni estaba designado al tema por el presidente Rafael Correa.
El exmandatario y su esposa Rocío González se conectaron a la audiencia de manera virtual desde Paraguay, donde residen y cumplen con una medida alternativa a la prisión impuesta hace dos años, que es la de presentarse cada mes en la Embajada de Ecuador en Asunción.
Nulidad
Antes de entrar a analizar el fondo de la investigación, David Meza, abogado de Moreno y de su esposa, pidió al juez de la Corte Nacional de Justicia Olavo Hernández que anule el proceso desde marzo de 2023, cuando se formularon cargos en contra del exmandatario, pues no se pidió autorización al Parlamento como, dijo, sí ha ocurrido con otros expresidentes y exvicepresidentes.
«¿Por qué en 2018 al señor Rafael Correa le pidieron la autorización, y también a la señora María Alejandra Vicuña (exvicepresidenta de Moreno)?», cuestionó el defensor, que aseguró que han sido solicitudes realizadas por el mismo poder judicial en años anteriores.
El fiscal general, Wilson Toainga, aseguró que la investigación penal por esta causa inició cuando Moreno ya no ejercía como vicepresidente de Ecuador, por lo que solicitó al juez que deseche el pedido de nulidad.
Sin embargo, el abogado Meza reiteró que no se podía obviar «un requisito de procedibilidad que ha servido para todos los ex vicepresidentes estén o no estén en el cargo».
Suspenden audiencia
La diligencia duró más de ocho horas y en ella los abogados de otros procesados se unieron al pedido de Meza y alegaron la existencia de otros posibles vicios que, dijeron, podrían afectar la validez del proceso penal.
Tras escuchar a las partes, el juez Hernández aseguró que era su obligación «analizar exhaustivamente» los pedidos realizados por los abogados. «Las defensas nos han dicho una cosa y la Fiscalía todo lo contrario, por lo que es necesario establecer quién nos está diciendo la verdad», mencionó.
Así que el magistrado dijo que se tomaría el «tiempo suficiente y sin ninguna premura» para resolver las solicitudes y suspendió la audiencia sin establecer una fecha tentativa para su reinstalación. EFE
