Las autoridades bielorrusas se han negado sistemáticamente a investigar y castigar las violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad cometidos desde la represión de las protestas en las elecciones de 2020, lo que ha consolidado una «cultura de la impunidad» del régimen de Alexander Lukashenko, indica un informe de Naciones Unidas.
El informe del Grupo de Expertos Independientes sobre Derechos Humanos en Bielorrusia concluye que Lukashenko ejerce un control total de todos los poderes del Estado, sus instituciones y las agencias de derechos humanos en el país desde ese año.
De acuerdo con la experta de derechos humanos rusa Karinna Moskalenko, presidenta del grupo, el régimen reprime de forma sistemática a abogados, niega a los acusados el derecho a un proceso justo y otorga beneficios a los perpetradores de violaciones de derechos humanos, una prueba del clima de impunidad.
«En estas circunstancias, la búsqueda de rendición de cuentas debe a partir de ahora provenir de la comunidad internacional», defendió Moskalenko, perseguida en su país y que como abogada defendió a figuras de la oposición rusa como Mikhail Khodorkovsky o Gary Kasparov, así como al fugitivo exagente secreto Alexander Litvinenko, muerto por envenenamiento en 2006.
El informe pide en este sentido a la comunidad internacional que ninguna firma con actividades en el país mantenga relaciones económicas o financieras con las fuerzas de seguridad bielorrusas o con firmas ligadas a éstas.
Lukashenko, en el poder desde hace más de tres décadas, «ha establecido una política encaminada a eliminar cualquier forma de disidencia, dirigida contra opositores reales o sospechosos, con el fin de mantener el poder», concluyó la experta canadiense Susan Bazili, también integrante del grupo investigador. EFE (I)