Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que las fuerzas israelíes que ocupan desde diciembre de 2024 zonas del sur de Siria han cometido “abusos generalizados” contra la población civil, incluidos desplazamientos forzosos, lo que «constituye un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario».
“Las acciones recientes de Israel en el sur de Siria no son actos legítimos de necesidad militar, sino una réplica de tácticas usadas en los territorios palestinos ocupados, que despojan a los residentes de sus derechos básicos”, afirmó la investigadora sénior de HRW para Siria, Hiba Zayadin.
La organización documentó demoliciones de viviendas, confiscación de tierras agrícolas, restricciones al acceso a medios de vida y transferencias ilegales de detenidos sirios a Israel, donde varios permanecen incomunicados.
Tras la caída del Gobierno sirio en diciembre de 2024, Israel amplió su presencia militar más allá de la zona desmilitarizada supervisada por la ONU en los Altos del Golán, estableciendo nueve puestos militares entre el monte Hermón, la ciudad de Quneitra y partes de la ciudad de Deraa, en el sur de Siria.
Desde entonces, Israel ha insistido en la desmilitarización de Siria al sur de Damasco, y ha llegado a atacar a las fuerzas de las nuevas autoridades cuando trataban de intervenir en los enfrentamientos entre clanes en el sur del país.
Imágenes satelitales y testimonios recogidos por HRW confirmaron la demolición de al menos 12 viviendas en la aldea de Al Hamidiya, en la provincia de Quneitra, lo que dejó a ocho familias sin hogar.
En Jubata al-Khashab, también en la misma provincia, residentes denunciaron la pérdida de acceso a tierras de cultivo y reservas forestales que fueron arrasadas para construir instalaciones militares por parte de los soldados israelíes.
La ONG también reportó la «detención arbitraria» de al menos ocho sirios, incluido un menor de 17 años, que fueron trasladados a Israel y permanecen incomunicados sin cargos.
En respuesta a una consulta de HRW, el Ejército israelí aseguró que sus operaciones buscan “proteger a los ciudadanos del Estado de Israel” y que las demoliciones obedecieron a “necesidades operacionales”, aunque negó la presencia de civiles en los edificios destruidos.
El derecho internacional prohíbe el desplazamiento forzoso de civiles en territorios ocupados salvo por razones estrictamente militares y temporales, así como el traslado de detenidos fuera de dichos territorios, recordó la ONG.
HRW instó a los gobiernos a suspender cualquier apoyo militar a Israel que pueda facilitar abusos, imponer sanciones específicas contra responsables y promover investigaciones internacionales, incluidas a través de la Corte Penal Internacional.
“La inacción de otros gobiernos está permitiendo a Israel aplicar sus tácticas represivas con total impunidad”, advirtió Zayadin, que reclamó una respuesta inmediata para garantizar la rendición de cuentas y el retorno seguro y digno de los desplazados. EFE (I)