La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) resolvió en Asamblea General llevada a cabo en Riobamba ir a un paro nacional indefinido de manera inmediata.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró en una rueda de prensa que habían analizado «profunda y minuciosamente» la medida anunciada por el Gobierno y que eso los llevó a «convocar a las bases, a las organizaciones sociales y a la sociedad civil al paro nacional» y a tomar «de manera unánime» otras nueve medidas durante una asamblea extraordinaria realizada en la ciudad andina de Riobamba.
Los opuntos que exigen al gobierno son seis:
- Ratificar la unidad firme de los pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades y organizaciones de base para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país.
- Exigir la derogatoria inmediata del Decreto Ejecutivo n.º 126, que elimina el subsidio al diésel, por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas y rechazar el incremento progresivo del precio de los combustibles.
- Denunciar y rechazar las amenazas, represión, persecución y criminalización por parte del Gobierno Nacional y acogerse al derecho a la resistencia, conforme al artículo 98 de la Constitución y alertar a organismos internacionales a permanecer vigilantes.
- Rechazar el extractivismo y la expansión de la frontera petrolera que afecta la naturaleza, el agua y la producción de alimentos, así como exigir la derogatoria de la licencia ambiental de los páramos de Quimsacocha
- Declarar en estado de excepción comunitaria en los territorios de los pueblos y nacionalidades, en el marco del Estado plurinacional, por lo que se prohíbe el ingreso de la fuerza pública y activar a las guardias comunitarias para la protección de los pueblos.
- Rechazar la consulta popular del Gobierno y la intención de convocar a una asamblea constituyente que no resuelve los problemas del país.
La decisión se tomó la tarde de este jueves, 18 de septiembre de 2025, en la reunión que se realizó en la Casa del Indígena, sede del Movimiento Indígena del Chimborazo (Comich).
Diésel
El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 sendas protestas masivas cuando los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron eliminar los subsidios a los combustibles, lo que llevó a que los mandatarios diesen marcha atrás y mantuviesen congelados los precios de los carburantes subsidiados.
Con la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), el Gobierno espera liberar 1.100 millones de dólares anuales, que ha anunciado se destinarán a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.
Esta vez, el Gobierno ha señalado que no negociará la medida y el presidente Noboa decretó un estado de excepción en siete provincias ante el anuncio de movilizaciones.
Vargas aseguró este jueves que la eliminación de ese subsidio «encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas», por lo que exigían la «derogatoria inmediata» del decreto ejecutivo 126, por medio del cual el presidente Noboa hizo oficial y pública su decisión.
El presidente de la Conaie dijo que ahora serán las organizaciones en cada uno de los territorios los que empezarán a realizar acciones, pero no señaló si tienen previsto realizar alguna movilización hacia la capital del país.
Ajuste fiscal
Esta decisión forma parte del paquete de recortes impulsado por el presidente Noboa para reducir el déficit fiscal, que al asumir el poder rondaba los 5.000 millones de dólares -equivalentes a cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB)-, y cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien Ecuador mantiene un acuerdo crediticio por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).
Antes de eliminar el subsidio al diésel, Noboa ya había retirado el año pasado las subvenciones a las gasolinas Extra y Eco País, dos combustibles de 85 octanos que en ese momento eran los más consumidos en el país. Lo hizo mediante una semiliberalización de precios, implementando un sistema de bandas que ha ido alineando progresivamente sus valores con los precios internacionales.
A ello también se ha agregado recientemente la reducción del Gobierno nacional de 19 a 14 ministerios y el anuncio de despido de alrededor de 5.000 funcionarios.
