El pleno de la Corte Constitucional ha aprobado, la noche de este martes 23 de septiembre, que el Consejo Nacional Electoral convoque a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, con la condición de que el Gobierno «subsane», o elimine, trece de los artículos (de los considerandos) del Decreto 153 y que reforme otro artículo del Estatuto propuesto por el Gobierno para dicha elección.
La Corte ha concluido que trece de esos considerandos «no cumplen con los parámetros legales previstos en el artíclulo 104 de la Ley Orgánica de Control Constitucional». «Sin embargo», añade, «si se eliminaran los restantes serían suficientes para satisfacer las exigencias legales que permitan al pueblo decidir de manera libre e informada».
Sobre el Estatuto, la Corte resolvió que las reglas del artículo cinco no son claras para determinar las circunscripciones territoriales y que la regulación del método de adjudicación de escaños carece de precisión, lo que impide establecer con exactitud el tamaño de la Asamblea Constituyente.
Por la que la Corte resolvió que «el presidente de la República puede subsanar los aspectos señalados en los considerandos y en el artículo cinco en conexión con el artículo cuatro del Estatuto». Y que el Consejo Nacional Electoral solo puede continuar con el proceso cuando el Ejecutivo remita las correcciones y estas sean «verificadas y resuelto por la Corte».
De acuerdo a la propuesta planteada por el presidente Daniel Noboa, si los ecuatorianos aprueban en las urnas la instalación de la Asamblea Constituyente, deberá convocarse otro proceso electoral para elegir a los 80 asambleístas que, según el decreto ejecutivo emitido el pasado viernes, conformarán el hemiciclo.
Una Constituyente con 80 miembros
Los encargados de debatir la nueva carta magna serán 52 asambleístas provinciales, 22 nacionales y seis correspondientes al exterior, quienes tendrán sus respectivos suplentes.
La Asamblea Constituyente durará 180 días contados a partir de su instalación y prorrogables una sola vez por hasta 60 días adicionales, mediante una resolución motivada adoptada por las dos terceras partes de sus integrantes.
Se instalará oficialmente y sin necesidad de convocatoria previa a los diez días siguientes de la proclamación de los resultados por parte del CNE. La sesión será conducida provisionalmente por los tres asambleístas más votados.
Una vez que haya una nueva propuesta de Constitución, deberá ser aprobada por la mitad más uno de los ecuatorianos en un nuevo referéndum.
Promesa de campaña
La Asamblea Constituyente fue una de las principales promesas de campaña de Noboa en las elecciones celebradas en la primera mitad de este 2025, donde el mandatario fue reelegido para un periodo completo (2025-2029) tras haber llegado al poder en 2023 para completar el periodo de presidencia que no culminó Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin embargo, Noboa había dejado aparcada temporalmente la idea de la Asamblea Constituyente al ver que, tras los comicios, había logrado arrebatar al correísmo el control de la Asamblea Nacional (Parlamento), pero retomó el asunto al enfrentarse abiertamente con la Corte Constitucional.
La pasada semana, el jefe de Estado anunció sorpresivamente que abría el proceso constituyente sin tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional para celebrar el primer referéndum.
Lo hizo así tras comprobar que la Corte ha limitado y suspendido cautelarmente algunas de sus leyes tramitadas vía exprés en el Parlamento ante las numerosas demandas de inconstitucionalidad que acumulan por posibles vulneraciones a los derechos fundamentales.
Pulso político en medio de protestas sociales
El mismo tribunal también ha rechazado varias preguntas de reformas constitucionales propuestas por Noboa al considerar que rompen el equilibrio de poderes, como una cuestión que buscaba eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) o la que apuntaba a reducir el número de parlamentarios de la Asamblea Nacional.
Esto ha llevado a Noboa a calificar a los nueve jueces de la Corte Constitucional como enemigos del país, al punto de liderar una multitudinaria marcha hacia la sede del tribunal con carteles de fotos de los rostros de los magistrados a lo largo del recorrido.
El primer decreto para convocar al referéndum fue anulado por la Corte Constitucional y Noboa seguidamente insistió con otro similar que el CNE derivó al alto tribunal para su evaluación y correspondiente calificación.
Estos episodios suceden a la vez que Noboa enfrenta las mayores protestas desde que llegó al poder, promovidas por el movimiento indígena en contra de la eliminación del subsidio al diésel, que hizo subir el precio de este combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros) para cumplir con las metas de ajuste fiscal marcadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). EFE
