Guayaquil, Ecuador
En un país donde la protesta social se atenúa con estímulos asistenciales y los cambios estructurales se postergan indefinidamente, el Bono Raíces emerge como una respuesta rápida al alza del diésel, pero no como una solución real.
La decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel, a partir del 12 de septiembre de 2025 —elevando su precio de US$1.80 a US$2.80 por galón— ha venido acompañada de medidas de compensación. Entre ellas, la entrega de un bono único de US$1,000 a 100,000 pequeños agricultores del sector agropecuario.
Los beneficiarios de este incentivo, son las familias de pequeños agricultores en situación de pobreza, donde al menos una persona esté dedicada a actividades agropecuarias.
Con el propósito de apoyar a uno de los sectores más vulnerables, la agricultura familiar campesina, se ha destinado un total de $100 millones para la entrega de bonos. Según datos del MAGAP, beneficiará aproximadamente al 7 % de las personas que se dedican a esta actividad.
Según datos del Instituto de Economía Popular y Solidaria, estos agricultores, identificados por el gobierno para implementar la medida, tienen un ingreso promedio anual por unidad productiva entre US$3,000 y US$5,000.
La compensación reconoce el impacto que el incremento del precio del diésel tiene en la producción agrícola, y focaliza recursos en el segmento de menores ingresos del sector.
Sin embargo, resulta evidente que este bono, más que perseguir objetivos productivos, tiene el propósito de disminuir o desactivar las protestas sociales por el alza del combustible. Desde la perspectiva política, se puede argumentar que la decisión está justificada.
Desde el punto de vista productivo del sector agropecuario, el Bono Raíces es una medida populista, más aún si se considera que el presupuesto del Ministerio de Agricultura en 2025 es apenas $110 millones. Además, la compensación implica un pago único, mientras que el aumento del diésel será permanente.
Este tipo de decisiones refleja una constante: cada vez que los gobiernos actúan en relación al sector agropecuario, la coyuntura política y el paternalismo se anteponen a lo técnico y a las necesidades fundamentales de cambios estructurales.
En Ecuador, parece una utopía que el diálogo y la colaboración se impongan a una cultura de conflictos. Desde la perspectiva productiva, el bono no tendrá ningún efecto en la productividad, ni incrementará el nivel de bienestar económico y social de las familias que recibirán la compensación.
Ante este panorama cabe preguntarse: ¿Qué alternativas tendría el gobierno para invertir esos US$100 millones en los mismos beneficiarios? Menciono a continuación dos ejemplos:
Riego. Se podrían instalar sistemas de riego parcelario en el equivalente de 50,000 a 65,000 hectáreas. Esto implicaría un impacto en la productividad, una reducción en la vulnerabilidad climática y un incremento aproximado en los ingresos, entre el 40% y el 60% .
Infraestructura de postcosecha. Para productores de la Sierra, se podría implementar infraestructura que incluya almacenamiento, cámaras de refrigeración, equipos, capacitación y apoyo para la comercialización. El 40% de las hortalizas se pierde por falta de instalaciones y manejo adecuado en la postcosecha.
Esta inversión favorecería de forma permanente a más de 60,000 pequeños productores. Además, se promovería la generación de empleo y beneficios ambientales por una mejor utilización de recursos.
En los casos citados, de forma permanente habría aproximadamente un incremento anual por productor de los ingresos en US$2,500 en el primer caso y de US$2,000 en el segundo, en constraste con el bono de una sola vez de US$1,000, cuyo impacto es transitorio para gastos equivalentes a dos meses del salario básico
Mientras en el país persista un sistema marcado por la fricción social, los gobiernos continuarán tomando decisiones basadas en la coyuntura, en lugar de impulsar cambios estructurales e institucionales.
El Bono Raíces es una iniciativa política que busca calmar el malestar social, pero no aporta nada a la transformación del sector agropecuario.