La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) afirmó este domingo que el Gobierno «responde con represión a las demandas del pueblo», en referencia al estado de excepción que el presidente Daniel Noboa declaró el sábado en diez de las veinticuatro provincias del país por las protestas en contra del alza del precio del diésel.
«El presidente Daniel Noboa profundiza su política de guerra con el decreto que declara estado de excepción en las provincias movilizadas. Bajo el discurso del ‘orden’, el Gobierno ha desatado una represión sistemática contra quienes ejercen su derecho constitucional a la resistencia», dijo la organización social más grande del país en un comunicado.
Noboa aseguró en el decreto emitido el sábado que la medida se tomaba porque «las manifestaciones se han tornado violentas» y entre las justificaciones puso unas recientes declaraciones del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, quien advirtió al jefe del Ejecutivo que las protestas podrían radicalizarse a tal punto de tomarse Quito, la capital, si «no hace caso» a las demandas del movimiento indígena.
Este domingo, Noboa señaló que nadie podía «tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos» y que «a los que eligen la violencia, los espera la ley».
Estado de excepción
Con el estado de excepción, también se suspendió en estas diez provincias el derecho a la libertad de reunión, que implica que durante las veinticuatro horas estará limitada la conformación de aglomeraciones en espacios públicos con el objetivo de paralizar los servicios.
Estas localidades se unen a otras dos que ya estaban bajo este régimen, entre ellas Imbabura, en el norte del país, que se ha convertido en el epicentro de las protestas.
La Conaie responsabilizó este domingo al presidente «por las consecuencias» de la «decisión autoritaria», que, según ellos, «busca silenciar y reprimir al pueblo en lucha».
«El decreto intensifica la movilización de Fuerzas Armadas y Policía, lo que implica una militarización masiva de las comunidades», alertaron.
El movimiento indígena indicó que el estado de excepción solo «agrava el riesgo del uso desproporcionado de la fuerza y de detenciones arbitrarias», a la vez que «pretende ocultar las verdaderas causas de la crisis».
Diésel e IVA
Si bien fue la eliminación del subsidio al diésel lo que disparó las protestas indígenas, la Conaie también exige que se baje el impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % al 12 %, que se invierta en salud y educación y que se libere a doce comuneros detenidos y procesados por terrorismo al inicio de las protestas, entre otros puntos.
«Hacemos un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a monitorear la situación en Ecuador. El país no necesita más estados de excepción, necesita respuestas reales a las demandas del pueblo», señaló la organización.
Y añadió que «protestar no es un delito, es un derecho». «Nuestra lucha es por el campo y la ciudad, por los derechos colectivos, por la vida y la dignidad de los pueblos del Ecuador».
Tras catorce días, las manifestaciones se han saldado con un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos.
El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). EFE
