Tres ministros ecuatorianos se reunieron este lunes con el cuerpo diplomático acreditado en el país para explicarles las recientes medidas económicas tomadas por el presidente Daniel Noboa, cuando se cumplen quince días de las protestas indígenas convocadas tras la eliminación del subsidio al diésel, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
En el encuentro estuvo la canciller, Gabriela Sommerfeld; la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya; y el ministro del Interior, John Reimberg, quienes también expusieron «la redistribución de recursos» que está haciendo el Gobierno después de que se oficializó la medida del diésel.
Con la eliminación del subsidio, el Gobierno aseguró que esperaba liberar 1.100 millones de dólares anuales, dinero que destinaría a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.
Así que desde que iniciaron las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, el presidente Noboa ha recorrido algunas provincias para entregar bonos, créditos y otras ayudas sociales para el sector productivo, para transportistas y para mujeres rurales.
El mandatario también amplió el número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano a 55.000 familias en todo el país.
Incentivos que han sido criticados por el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, que considera que son utilizados solo para separar a las comunidades, con el objetivo de que no salgan a protestar.
Otras políticas de Noboa
A finales de julio, el presidente Noboa también oficializó el recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, y de 9 a 3 las secretarías, y adicionalmente el despido de 5.000 funcionarios públicos en el marco de sus políticas de control del déficit fiscal y de equilibrio de las cuentas estatales, alineadas a las metas planteadas por el programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Durante la reunión con los diplomáticos de este lunes, los ministros también «abordaron las acciones en materia de seguridad, encaminadas a proteger a la ciudadanía, preservar el orden público y garantizar la paz», señaló la Cancillería en su cuenta de la red social X.
Hasta el momento, las manifestaciones por la retirada del subsidio al diésel se han saldado con un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos, de ellos doce en prisión preventiva bajo imputaciones de «terrorismo» realizadas por la Fiscalía.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también han denunciado 219 vulneraciones de derechos cometidas, en su mayoría, presuntamente por las fuerzas de seguridad.
Este lunes aún permanecían cerradas a causa de las protestas nueve carreteras en tres de las veinticuatro provincias que tiene Ecuador. EFE