El primer ministro francés en funciones, Sébastien Lecornu, ha rebajado las expectativas de recorte del déficit público para 2026 como gesto a los diferentes partidos políticos para conseguir un pacto que dé estabilidad al país.
En un breve discurso matutino previo a las negociaciones con los diferentes grupos de izquierdas, el jefe del Ejecutivo dimitido el pasado lunes, al que el presidente, Emmanuel Macron, encomendó explorar fórmulas de pactos que eviten el adelanto de las legislativas, explicó cuál debe ser el objetivo del déficit, que, señaló, «debe situarse por debajo del 5 %; entre el 4,7 y el 5 %».
Eso contrasta con el 4,6 % que se había fijado el anterior gobierno del centrista François Bayrou, dentro de la trayectoria presupuestaria acordada con Bruselas que prevé que el déficit público se sitúe por debajo del 3 % en 2029.
Según varios medios, con un objetivo del 5 % el esfuerzo presupuestario se cifra en 11.200 millones de euros, frente a los 22.500 que se había fijado su predecesor, una cifra que puede conseguirse recortando gastos o incrementando ingresos.
En el proyecto de presupuestos enviado la semana pasada por Lecornu al Consejo Superior de Finanzas Públicas, órgano consultivo cuyos dictámenes no son vinculantes, el déficit previsto era del 4,7 %, un objetivo que diversos organismos especializados ya consideraban poco realista.
Lecornu ha recibido a los principales grupos parlamentarios, excepto a los dos extremos, la ultraderecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que han declinado la invitación.
Con este nuevo margen presupuestario trata de financiar las propuestas de algunos de los grupos moderados, con quienes se ha fijado el objetivo de encontrar un acuerdo que permita al país dotarse de un presupuesto para 2026 antes del 31 de diciembre.
El plazo es muy ajustado, porque para cumplir esa fecha el Consejo de Ministros debería presentar su proyecto de presupuestos antes del 13 de octubre, para que pueda llegar a la Asamblea Nacional el 15.
De lo contrario, el parlamento tendría que aprobar una serie de leyes transitorias para organizar los gastos en los primeros días de 2006.
En el centro de las negociaciones se ha situado la suspensión de la reforma de las pensiones, medida clave del mandato de Macron, aprobada en 2023 sin voto parlamentario y en medio de multitudinarias protestas sindicales.
Según el ministro de Economía en funciones, Roland Lescure, suspender esa reforma, que retrasa dos años la edad mínima de jubilación hasta los 64 años, costaría «cientos de millones en 2026 y miles de millones en 2027».
En un informe publicado a principios de año, con motivo de la reunión de sindicatos y patronal para estudiar mejoras en la reforma de las pensiones, el Tribunal de Cuentas indicó que retirarla agravaría el déficit en 13.000 millones de euros anuales hasta 2035.
Los partidos de izquierda apuestan por elevar las cargas fiscales a las mayores fortunas del país para afrontar ese gasto suplementario, con mecanismos como la llamada ‘tasa Zucman’, que impondría un 2 % de impuesto a los patrimonios inmobiliarios superiores a los 100 millones, unos 1.800 contribuyentes.
Según el ideólogo de este impuesto, el economista Gabriel Zucman, el Estado recaudaría unos 20.000 millones suplementarios, una cifra que otros analistas rebajan a los 5.000 millones. EFE (I)