Quito, Ecuador
En tiempos de guerra, la vida cotidiana de un país, con su economía y su derecho, es permeada por el contexto extraordinario. Ecuador, otrora llamado “isla de paz”, país petrolero y agroexportador de la América del Sur, biodiverso y multicultural, entró oficialmente en guerra contra el narcotráfico en enero del 2024. Los declaró como terroristas mucho antes de la iniciativa Trump.
Pretender enfrentar a un enemigo organizado –armado y lleno de recursos que se permean y nutren de su propia economía, instituciones y sistema– desde un estado garantista y con normas propias de tiempos de paz, es más que impertinente, irresponsable.
Desde el 2025, el gobierno ha intentado implementar excepcionalidades como: la figura de intervención de espacios específicos de territorio, como zonas de guerra, bajo el concepto de “conflicto armado interno (“CAI”), , y en este contexto proceder a los allanamientos sin orden judicial, detenciones provisionales, sin fórmula de juicio, para comparecencias, y el uso de fuerza letal sin sometimiento a las normas de paz por parte de las fuerzas del orden.
También ha manejado conceptos interesantes de restablecimiento institucional, como son las medidas de objetivo militar, incentivos económicos para víctimas del CAI, jueces especializados en CAI, zonas de seguridad y territorios de paz, y exoneraciones por donaciones a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
Guerra y democracia con una forzada compatibilidad
El Reino Unido, para enfrentar al nazismo, aprobó la Emergency Powers (defence) Act de 1939, que permitía detenciones sin juicio, censura de prensa, y confiscación de propiedades. Luego implementó la Prevention of Terrorism Act de 1974, para contrarrestar al grupo terrorista IRA.
Colombia vivió su “Uribe time” con la Constitución de 1991 y el concepto de “seguridad democrática para declarar estados de conmoción.
Con el 11-S Estados Unidos aprobó el Patriot Act, con el cual se ampliaron los poderes de vigilancia, se aprobó la detención indefinida y se legalizaron prácticas impensables en las democracias.
La excepcionalidad siempre conduce a abusos
En los casos del Reino Unido, Estados Unidos y Colombia, estas normas de excepcionalidad generaron abusos del Estado. Inocentes detenidos, torturados y hasta poblaciones asesinadas, en el caso de Colombia, dieron lugar a millonarias indemnizaciones, disculpas públicas, y leyes de reparación nacional, además de fallos de la CIDH.
De otro lado, tenemos las leyes de reparación y disculpas del Federal Tort Claims Act de EE.UU, la Miscarriages of Justice Act de 1988 del Reino Unido y la Ley de Víctimas de Colombia.
De estas experiencias, se entienden algunas medidas correctivas y de autoregulación que el Estado Ecuatoriano pretende introducir en su régimen de CAI, todas muy positivas, necesarias e innovadoras. Sin embargo, es muy probable que el Estado luego de esta guerra tenga que indemnizar, pedir perdón y recobrar su rumbo para la paz.
Lo excepcional no puede ser lo normal
Ecuador tiene el derecho y el deber de defenderse. En la guerra todos perdemos. Con esta guerra no solo hemos perdido personas por denuncias de desapariciones (31), víctimas de masacres (más de 300), 101.000 casos de desplazamientos internos por violencia, 6.964 muertes violentas, con 4.619 homicidios violentos en lo que va del 2025.
La nueva realidad
Las experiencias ajenas nos van demostrando que las caídas colaterales comenzarán a ser parte de nuestras vidas. La paranoia en la convivencia y los negocios son la nueva realidad.
Quienes con su ideología política llevaron al país a ser un territorio vulnerable y vulnerado, hoy son los que cargan con la sangre y los llantos de los caídos y los que se han ido, y los que se irán de su patria por sus inventos: nacionalidades mundiales, tutelas garantistas a criminales, restricciones personales de protección gubernamental y ciudadana, declaratoria de las pandillas como grupos vulnerables, equiparar actividades de guerrilla a luchas ciudadanas, y legitimándolo en espacios de representación ciudadana legislativa, amistades gubernamentales delincuenciales, salpimentado todo además por sus discursos de odio y de revolución.
Están totalmente deslegitimados para protestar. Y en algunos casos, casi son sujetos activos de las leyes de guerra aquí comentadas, y las normas que sancionan el daño civil y la pena criminal
Una democracia herida y con una batalla moral
La democracia está herida. Lo maduro y responsable ahora es retroalimentar al aparato estatal de todo abuso que se cometa, para su corrección. Cabe preguntarse y plantearse el proceso de desregulación de estas leyes de guerra, o en su defecto del diseño del “estado de guerra”, para recuperar lo que perdimos.
Perdimos la paz, la libertad y al estado mismo, no desde la iniciativa de estas leyes de guerra, sino desde que nos llevaron en el camino de un socialismo que fue advertido y engendrado desde el terrorismo, la clandestinidad y la violencia.
Compramos revolución y hoy vivimos las consecuencias
La experiencia de Reino Unido, Colombia y los Estados Unidos muestran que incluso las democracias más fuertes se equivocan cuando sienten miedo. Tarde o temprano, los estados deben reparar y pedir disculpas.
Si Ecuador gana esta guerra pero con una estela de inocentes presos, torturados o arruinados, habrá perdido otra batalla: la moral.