Steven Vilema
Quito, Ecuador
En nuestro país, las complejas dinámicas sociales, políticas, jurídicas y económicas están siempre a la orden del día. Como dice la canción: “Esta es mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo”. Hoy, entre esas realidades, surge nuevamente la idea de convocar a una Asamblea Constituyente como remedio a las deficiencias estructurales que hemos forjado en nuestra sociedad y como una supuesta matriz de cambio cultural.
En este vaivén de sueños democráticos y aspiraciones republicanas, nos encaminamos hacia la Constitución número 21. Tal vez, si el cambio se realiza desde lo cultural -forjando un respeto real y sostenido a las instituciones, con cimientos sólidos y duraderos, y no atendiendo únicamente al gobierno de turno- podríamos aspirar a un panorama que brinde seguridad a todos. De lo contrario, seguiremos atrapados en la constante de variaciones constitucionales que han marcado nuestra historia.
Un ejemplo sencillo lo encontramos en la unidad nacional que despertó el concurso por el mejor desayuno del mundo, donde todos remamos en la misma dirección (para que el encebollado y el bolón fueran reconocidos). Esa misma convicción colectiva deberíamos aplicarla a la construcción de una Constitución que se mantenga en el tiempo.
El próximo proceso electoral debe abrirnos un espacio de reflexión sobre el verdadero problema de fondo: los ecuatorianos. Quizá sea hora de mirarnos al espejo y reconocer que el cambio debe ser más cultural que normativo, empezando por la responsabilidad individual de quienes habitamos este país.
Debemos tener claro que ninguna Constitución ni ley trae consigo una fórmula mágica. El verdadero cambio depende de nosotros, en la medida en que respetemos las instituciones, la Constitución y la ley. Si seguimos celebrando la viveza criolla, dentro de pocos años podríamos estar discutiendo la Constitución número 25.
Sería saludable, incluso, que los ciudadanos recibamos una “factura” que muestre cuánto cuesta una consulta popular, una elección o un proceso constituyente. Porque esas sumas millonarias que se destinan a “curar el chuchaqui democrático” con un encebollado, son recursos públicos que dejan de invertirse en salud, educación, vivienda y otras necesidades urgentes.
Como votantes, tenemos la obligación de ser rigurosos en la exigencia de requisitos y perfiles de quienes redactarán un nuevo texto constitucional. Esos futuros constituyentes marcarán la historia nacional al menos por un lustro. Vale recordar la frase atribuida a Sócrates: “Para pintar estatuas se elige al mejor pintor, pero para gobernar se elige a cualquiera”. No podemos permitir que esa ironía siga siendo una realidad.
La próxima Constitución y las elecciones en general deben traer consigo la responsabilidad de los votantes. No podemos seguir decidiendo el futuro del país en función de quién baila mejor en redes sociales o aparece con mayor frecuencia en Tik Tok. Necesitamos propuestas reales que respondan a los problemas cotidianos.
Asimismo, debemos comprender que copiar modelos constitucionales de otros países sin atender a nuestra propia realidad puede ser un error. El nuevo texto debe garantizar principios y normas no negociables como el debido proceso, el derecho a la defensa y la tan necesaria seguridad jurídica.
Este llamado también alcanza a profesionales y académicos, quienes suelen mostrarse firmes en lo moral y abiertos al diálogo, pero que con frecuencia sucumben a la soberbia y a los intereses personales cuando se requiere consenso. Su intelecto debe ponerse al servicio del bien común, trascendiendo la crítica destructiva y aportando a la construcción de un país que se una en la práctica, no solo en el discurso.
La prensa, por su parte, debe contribuir al debate nacional mostrando propuestas de manera transparente, sin intentar dirigir la opinión pública. Su rol es informar con rigor, sin ocultar ni maquillar la realidad, para que seamos los ciudadanos quienes decidamos con criterio.
No olvidemos que la ligereza democrática que hemos mostrado en nuestra historia nos pasa factura a todos. La coherencia es indispensable si queremos decir con orgullo que buscamos lo mejor para el país y, en especial, para la niñez que heredará los frutos de nuestras decisiones.
El encebollado democrático no consiste en modificar una y otra vez la Constitución, las leyes o las instituciones, sino en transformar nuestra manera de pensar y nuestra cultura como sociedad. Porque, al final, tanto nos quejamos como pueblo, pero olvidamos que somos nosotros quienes decidimos.
- Steven Vilema milita en Dignidad y derecho