Guayaquil, Ecuador
Es normal escuchar a muchos políticos y analistas defender que el Estado se mantenga en constante déficit, es decir, que sus gastos superen sus ingresos, se argumenta que debe endeudarse para conseguir mayores niveles de empleo, y ofrecer cada vez más servicios a los ciudadanos. Sin embargo, su intervención fiscal crea inflación, dilapida el capital acumulado y provoca la expulsión del sector privado.
En el caso ecuatoriano, para financiar el Presupuesto General del Estado que se mantiene en déficit cada año, se debe recurrir a subir impuestos y emitir deuda pública con particulares y empresas para recibir recursos prestados que luego deberá devolverlos con un interés adicional
La cantidad total de déficit acumulado a lo largo de los años es la deuda pública, uno de los principales problemas es que a medida que aumenta el nivel de deuda los intereses a pagar suelen aumentar también y cada año que el gobierno mantiene déficit esta dinámica se retroalimenta en un círculo vicioso que crece como una bola de nieve.
Es por este motivo que un gobierno que mantiene un déficit constante no hace más que tomar recursos productivos, es decir capital del sector privado, para gastarlo en el sector público, eso significa menos dinero para invertir, crear empleo y ahorrar. Espantando la inversión privada, encareciendo el costo de vida y empobreciendo a las generaciones futuras.
Gastarse el dinero de los ciudadanos y empresas no solo provoca un aumento de la tasa de interés al aumentar la demanda por los escasos recursos financieros, ese dinero que podría haber aumentado la capacidad productiva de empresas, financiado a emprendedores y mejorado el bienestar de las familias, se dedica a otros usos menos productivos, principalmente al gasto, y no a la inversión.
Mientras se siga manteniendo el déficit constante del Estado Central y no exista una verdadera reducción del gasto público, habrá siempre un potencial aumento de impuestos para pagar las deudas, esta situación ofrece incentivos perversos que distorsionan la economía y reducen la capacidad productiva.
El gasto público debe limitarse a lo estrictamente necesario, esto es, a la defensa de los derechos de propiedad mediante normas generales del derecho, salud y educación para quienes más lo necesitan y seguridad para todos, lo demás debe ser llevado a cabo por el sector privado en libre competencia.
La reducción de deudas y del gasto de gobierno implica dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, aumentar el nivel de ahorro, que se reduzcan las tasas de interés, fomentar mayores niveles de inversión y empleo, y un crecimiento real de nuestra economía y la productividad.