Guayaquil, Ecuador
La persistencia de déficits fiscales, el limitado margen para nuevas inversiones, la rigidez estructural del gasto, su baja calidad y la politización en su asignación evidencian la necesidad de adoptar técnicas en la elaboración del Presupuesto General del Estado que permitan alinear las finanzas públicas con los verdaderos requerimientos del desarrollo social y económico del Ecuador, superando la inercia de las prácticas actuales.
En este contexto, aplicar el Presupuesto Base Cero (PBC) representa no solo una reforma técnica e institucional, sino también un cambio cultural profundo. Implica repensar cómo el gobierno asigna los recursos, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más moderna, eficiente y orientada a resultados.
Esta metodología consiste en analizar y justificar cada gasto desde cero, sin tomar como referencia presupuestos anteriores. Funciona como revisar los gastos de una familia desde el inicio cada año: en lugar de repetir los egresos del año anterior, se evalúa qué es realmente necesario y qué puede eliminarse.
El concepto de Presupuesto Base Cero fue desarrollado originalmente con fines empresariales en 1969 por Peter Pyhrr, ejecutivo de la empresa Texas Instruments.
En 1971, el PBC fue incorporado por primera vez en el sector público por el entonces gobernador del estado de Georgia, Jimmy Carter, con el propósito de reorganizar las finanzas estatales. Posteriormente, al asumir la presidencia de Estados Unidos, Carter promovió su implementación, inicialmente en la Secretaría de Agricultura (USDA) en 1977.
Desde entonces, este enfoque presupuestario ha sido adoptado por diversos países, con distintos niveles de rigurosidad y éxito. Por ejemplo, Reino Unido y Canadá lo utilizan como mecanismo de revisión del gasto público. México lo ha incorporado con el objetivo de mejorar la eficiencia fiscal, al igual que Colombia y Chile. En Argentina, el presidente Javier Milei impulsa actualmente su aplicación.
No obstante, en la práctica del sector público, esta metodología enfrenta limitaciones y desafíos. Existen compromisos legales e institucionales—como el pago de sueldos, el servicio de la deuda, las transferencias obligatorias y las obras contratadas—que no pueden ser replanteados desde cero.
Por ello, su aplicación debe ajustarse a la realidad fiscal y social del país. En una primera fase, resulta pertinente centrarse en aquellos rubros que permiten revisión y reasignación.
En el enfoque del PBC se debe justificar cada gasto desde su origen, establecer prioridades, evaluar impactos y analizar la contribución de cada dólar invertido. De esta forma, se promueve una asignación de recursos basada en evidencia, transparencia y resultados, orientada al futuro y alejada de la inercia presupuestaria del pasado.
En un escenario de presupuestos limitados y creciente demanda de políticas efectivas, el PBC puede ser el primer paso hacia la modernización de las finanzas públicas.
Esta necesidad se demuestra al analizar la Proforma del Presupuesto General del Estado 2026, cuyos supuestos se basan en un crecimiento del PIB proyectado del 1.8%, un precio del petróleo fijado en $ 53.47 por barril, una inflación promedio del 3.2% y un incremento en las recaudaciones tributarias del 6.17%,
Bajo estas premisas se proyectan ingresos por $30,120 millones y gastos por $35,534 millones, generando un déficit de $5.413 millones. El gasto total asciende a $46.255 millones.
Ante este panorama, el Observatorio de Política Fiscal y diversos analistas económicos advierten que la eliminación del subsidio al diesel no garantiza la sostenibilidad fiscal, debido al elevado déficit y la ausencia de reformas profundas. El gasto público presenta una estructura rígida, ya que gran parte de los egresos está comprometida con obligaciones legales preasignadas, lo que limita el margen para invertir en salud, educación, infraestructura u otras prioridades.
En el caso del Ministerio de Agricultura, para el Plan “Manos Para El Campo” 2025-2034 se utilizó como base presupuestaria un enfoque incremental, tomando como referencia el promedio de inflación anual de la última década en Ecuador.
Estas prácticas confirman que el proceso de elaboración del Presupuesto General del Estado resulta poco efectiva, ya que perpetúa ineficiencias, ignora la calidad del gasto y se fundamenta en supuestos que suelen estar subestimados o sobreestimados de manera discrecional, sin sustentos reales ni técnicos que respondan a las verdaderas necesidades del país.
En este marco, el Presupuesto Base Cero representa un cambio de mentalidad que exige romper con sesgos culturales, paradigmas obsoletos y prácticas marcadas por la inercia. Implica asumir un mayor rigor en la planificación y abandonar políticas económicas populistas centradas en la coyuntura.
Este cambio responde no solo a consideraciones técnicas, sino que orienta la atención hacia el ciudadano, reconociendo que lo verdaderamente importante es que cada dólar proveniente de nuestros impuestos se asigne de manera eficiente, priorizando las iniciativas que contribuyan a mejorar el nivel de vida.