El Fiscal Galiano Balcázar ha reformulado los cargos por el delito de terrorismo al de ataque y resistencia, en concordancia con daño a bien ajeno, en contra de doce personas detenidas por el ataque al Comando Policial de Otavalo, en Imbabura, ocurrido el 22 de septiembre, en el marco del paro indígena convocado por la CONAIE en contra de la eliminación del subsidio al diesel.
La fiscalía también vinculó a otras nuevas cinco personas con el ataque: Édgar Javier S. A., Luis Enrique G. G., Axel Troy G. O., Sayri Alli P. G. y Sairi David A. F., este último asambleísta alterno de la legisladora por Imbabura del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), Pamela Aguirre.
En la diligencia, que se instaló a las 11:30 de este miércoles, 19 de noviembre, ante la jueza anticorrupción Karol Zambrano, el fiscal señaló que ocurrió un ataque, resistencia y violencia contra agentes de la policía, que se pena con seis meses de cárcel a los dos años de prisión.
El daño a bien ajeno contempla penas de uno a tres años si se provoca a bienes públicos o si paraliza un servicio público o privado o si se utiliza fuego para el daño o la destrucción de bienes muebles.
En septiembre, Balcázar formuló cargos por el delito de terrorismo (penado con hasta 26 años de prisión) contra Diego Armando L. R., Luis Enrique M. F., Elvis Damián L. M., Alfredo P. C., Luis Ernesto T. M., William Andrés R. L., Berny Jonathan A. A., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Juan Sebastián M. T., Luis Alberto C. B., Luis Henry J. E. y Gina Betel C. T.
