El correísmo denunció este miércoles que el exvicepresidente Jorge Glas «se va a morir en manos del Estado» ecuatoriano si «no tiene acceso a sus medicinas» en el interior de la nueva cárcel emblema del presidente Daniel Noboa, a la que fue trasladado la semana pasada.
«La medicación de Jorge Glas no ha sido administrada desde que fue trasladado a la cárcel del Encuentro. Él recibe una medicación mensual, una inyección que no ha sido administrada y su situación se podría complicar», señaló la asambleísta Damaris Cáceres en una rueda de prensa desde la Asamblea Nacional.
«Si Jorge Glas no tiene acceso a sus medicinas, se va a morir en manos del Estado», alertó la legisladora, que añadió que el expolítico supuestamente tampoco ha recibido agua, comida y suplementos que «podrían mantener su estado de salud por lo menos estable».
El exvicepresidente correísta, sobre el que pesan tres condenas por delitos de corrupción, fue trasladado a la nueva cárcel de máxima seguridad, ubicada en la provincia costera de Santa Elena, el 10 de noviembre, seis días antes del referéndum que perdió Noboa el pasado domingo.
Antes de ese traslado, Glas estaba recluido en La Roca, la que era la prisión de máxima seguridad del país, y en donde permanecía desde 2024, cuando fue detenido en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza, cuando ya había recibido asilo.
Trato inhumano
Su abogada, Sonia Vera, ya había denunciado el martes que Glas se enfrentaba a un trato inhumano en la nueva prisión, cuya construcción solo tiene un 40 % de avance, y que él mismo le había contado por medio de una reunión telemática que no estaba recibiendo correctamente su medicina ni atención médica, entre otras cosas.
Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló este miércoles que el exvicepresidente «ha tenido más de cuatro visitas médicas en este corto tiempo y ha tenido la atención necesaria».
La asambleísta Ledy Zúñiga exigió al Gobierno de Noboa que cumpla con las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado octubre, que ordenaron al Estado ecuatoriano garantizar la salud física y mental del expolítico.
«Su vida está en peligro y aquí hay una obligación que cumplir. No es discrecional. Exigimos que termine la vendetta política que están haciendo con nuestro querido compañero vicepresidente», señaló. EFE
