El Tribunal Supremo español ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El alto tribunal adelantó este jueves el fallo, justo una semana después de que acabase un inédito juicio que sentó por primera vez en el banquillo al responsable del Ministerio Público español.
El fallo incluye el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados que componen el tribunal que juzgó a García Ortiz.
Cinco de los siete magistrados consideran que el fiscal general del Estado incurrió en un delito de revelación de datos reservados recogido en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».
Según adelantó el Supremo, la sentencia impone también al fiscal el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, el empresario Alberto González Amador, y el abono de las costas procesales del juicio.
La decisión del alto tribunal, que es firme, supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, adonde llegó en julio de 2022.
Fuentes del Gobierno que preside Pedro Sánchez expresaron este jueves su respeto a la decisión del Supremo, aunque no la comparten, y anunciaron que se pondrá en marcha su relevo en los próximos días.
Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando se filtró a los medios de comunicación un correo electrónico en el que el abogado de González Amador proponía un pacto al fiscal y reconocía que «ciertamente» había cometido varios delitos relacionados con la evasión fiscal, en busca de una rebaja en la petición de condena.
En aquel momento, se discutía de quién había surgido la iniciativa para llegar a un pacto de conformidad entre las partes, si de la Fiscalía, como publicaron algunos medios, o del novio de la presidenta madrileña.
La acusación mantenía que fue el fiscal general el responsable de filtrar la información a los medios, por lo que pedía condenas de entre 3 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para cargo público, mientras que la defensa y la Fiscalía pedían la absolución.
Los periodistas citados a declarar en el juicio aseguraron, bajo juramento, que no recibieron la información sobre González Amador del fiscal general, aunque no revelaron su fuente por secreto profesional.
El caso ha adquirido una fuerte carga política en España, ya que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso ve en él un plan político del Ejecutivo de Pedro Sánchez para cargar contra la presidenta madrileña, una de las figuras más influyentes de la derecha española.
Desde que se conoció la imputación de García Ortiz, el conservador Partido Popular (PP), al que pertenece Díaz Ayuso, pidió su dimisión para salvaguardar el prestigio de la Fiscalía General, mientras que el Gobierno, que nombra a este alto cargo del Estado, ha defendido su inocencia hasta ahora. EFE (I)