Con 78 votos a favor, la mayoría de la Asamblea Nacional aprobó el Presupuesto Generall del Estado para el período 2026. El presupuesto asciende a 46.255 millones de dólares, con un déficit equivalente al 3,9 % del Producto Interno Bruto (PIB), pese al rechazo de la oposición.
Con 78 votos a favor, el pleno del Parlamento decidió acoger las recomendaciones del informe que había emitido días antes la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que sugería aprobar el presupuesto y también la programación cuatrianual del presupuesto 2026-2029, al considerar que cumplen con lo establecido en la Constitución y la ley.
La presidenta de la comisión, la oficialista Nathaly Farinango, señaló que para analizar estos presupuestos se recibieron a diversas autoridades, expertos, organizaciones sociales e incluso a asambleístas de otras comisiones, lo que les permitió concluir que la asignación de recursos se «orienta hacia los objetivos estratégicos del país».
Señaló que el plan anual de inversiones 2026 contempla «un total de 377 proyectos, con una asignación de 2.181,47 millones de dólares, evidenciando que la planificación estatal busca atender las demandas más urgentes de nuestra ciudadanía».
Sin embargo, los asambleístas de la oposición votaron en contra de la aprobación de la proforma y pidieron que se lo devuelva al presidente Noboa con observaciones, para que el Ejecutivo presente «un presupuesto real, que cumpla con las expectativas de la gente».
«Estamos ante un presupuesto que nace con vicios de ilegalidad, que carece de transparencia en el uso del impuesto al valor agregado y que está priorizando el pago de la deuda sobre la inversión en obra pública y bienestar de los ecuatorianos», aseguró la legisladora Mónica Alemán, del movimiento Revolución Ciudadana, cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017).
Con ella coincidió Alfredo Serrano, del conservador Partido Social Cristiano (PSC), que dijo que el presupuesto era «inejecutable» y que estaba «desfinanciado». «Favorece una vez más al pago de deuda y le vuelve a meter la mano a los recursos de los afiliados para lograr financiarlo», indicó.
Durante el acalorado debate, la oposición aseguró que en el proyecto se reducía el presupuesto a unas diecinueve universidades públicas, lo que fue negado por el oficialismo, que indicó que en 2026 se aumentará la asignación a este rubro, pero que habrá una desconcentración de los recursos para repartir el dinero entre más instituciones de educación superior.
En los exteriores del Parlamento, organizaciones sociales, estudiantes e indígenas protestaron en contra del proyecto y mostraron su apoyo a la educación pública y comunitaria. EFE