Ecuador demostró en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) que el financiamiento climático recibido para combatir la deforestación puede emplearse también en la legalización de tierras, como ocurrió con 19.000 hectáreas de un bosque protector donde residen comunidades shuar, uno de los pueblos indígenas más numerosos de la Amazonía ecuatoriana.
“Ese fue uno de los resultados que la ministra llevó a la COP para respaldar la adhesión al compromiso intergubernamental sobre tenencia de tierra”, explicó a EFE la subsecretaria de cambio climático del Ministerio de Ambiente y Energía, Jessica Gallegos, durante un acto donde se presentaron los resultados de Plan de Acción REDD+ nacional, destinado a reducir la deforestación.
La legalización de estas tierras se hizo a través del proyecto de Pago por Resultados (PPR), ejecutado en Ecuador por los ministerios de Ambiente y Energía y de Agricultura y Ganadería con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la financiación del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).
En la COP30, que se llevó a cabo este noviembre en Brasil, Ecuador también presentó su segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que establece las reducciones previstas de las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas.
Este fue un “hito importante” porque quiere decir que se cumplieron los plazos establecidos por Naciones Unidas durante la primera NDC, señaló Gallegos.
Ecuador aprovechó la ocasión para reunirse con sus principales cooperantes en términos climáticos, Noruega y Reino Unido, y mostrarles los resultados de sus inversiones que, hoy día, han permitido que el país andino acceda a nuevos mecanismos como la Coalición LEAF (Reduciendo Emisiones a través de la Aceleración del Financiamiento Forestal), centrada en detener la deforestación tropical para 2030.
“Mantuvimos articulaciones con el Fondo Verde para el Clima (GCF) para explorar nuevos mecanismos y presentar un portafolio atractivo para futuras cooperaciones”, continuó Gallegos.
Los logros de los proyectos Plan de Acción REDD+, PPR y toda la política climática nacional permitieron generar confianza entre los donantes, matizó la subsecretaria.
Cambio en los mecanismos
Por otro lado, Ecuador solicitó una movilización más ágil de los recursos, ya que existen “muchos estándares” que dificultan el acceso de muchos países a estos recursos.
“Los mecanismos tienen que ser más efectivos. Cuanto más robustos sean, más difícil es acceder a la financiación, que es finita. Llamamos a que se reduzcan los costos de transacciones cuando se movilizan los fondos”.
Por último, Gallegos explicó, en la misma línea que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, que Ecuador depende en gran medida de los combustibles fósiles y que la transición hacia las energías verdes no será en un período corto de tiempo, sino a largo plazo.
“El objetivo es dejar de depender progresivamente de los hidrocarburos mediante inversión en tecnología, mejora de la matriz productiva y desarrollo de alternativas», apostilló. EFE (I)