La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Chevron (Udapt) en Ecuador insistió este martes en que los 220 millones de dólares que el Estado debe pagar a la compañía como indemnización tras una condena emitida por un tribunal arbitral internacional, se embargue y se destine a la reparación de la Amazonía.
«Es indignante que ahora se quiera pagar a Chevron los 220 millones de dólares. Queremos justicia y reparación, que ese importe se pague a los pueblos amazónicos afectados», señaló Mayra Piaguje, lideresa de la nacionalidad siekopai, en una rueda de prensa organizada por la Udapt en Quito.
Según los residentes de las cuencas amazónicas de las provincias de Orellana y Sucumbíos, en el oriente ecuatoriano, la llegada de la petrolera Texaco por primera vez en los años 60 intoxicó los ríos, provocó derrames y afectó la salud de los residentes, quienes registraron por primera vez casos de cáncer.
Por lo que al enterarse del monto de la indemnización que el Estado debe pagar a la petrolera, que hizo público el pasado 8 de diciembre la Procuraduría General del Estado (Tribunal de Cuentas), decidieron tomar medidas.
«Hicimos una reunión de los dirigentes para tomar acciones. La primera fue decirle al juez de la Corte Provincial de Sucumbíos que embargue ese crédito y se entregue el pago a los afectados», explicó a EFE Ramiro Ortiz, subcoordinador de Udapt.
Indemnización
Ortiz acusó al Estado de estar «a favor de la empresa» y de no respaldarlos, algo que, según añadió Donald Moncayo, coordinador Udapt, se demostró una vez más con la «actitud» de la Procuraduría, que salió «aplaudiendo» cuando se conoció que la indemnización era menor a lo que había pedido la empresa.
El caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos que dijeron ser afectados por vertidos de la petrolera Texaco -adquirida por Chevron en 2001-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1990.
En 2011, un tribunal de Sucumbíos fijó en 9.500 millones de dólares la indemnización a favor de los afectados y en 2018 la Corte Constitucional de Ecuador ratificó dicha sentencia.
Chevron apostó por llevar el caso a instancias internacionales, pues alegó que el fallo fue obtenido «a través de fraude, sobornos y corrupción» y reclamó una indemnización de 3.350 millones de dólares al Estado ecuatoriano.
El tribunal arbitral de La Haya se pronunció a su favor en ese mismo año y recientemente se conoció que la cifra finalmente quedó reducida a 220 millones.
EFE
