René Betancourt
Quito, Ecuador
Felipe Rodríguez escribió que los valientes están solos. Tiene razón, pero la foto está incompleta. En Ecuador la soledad se administra: se finge respaldo, se retiran garantías y se deja al juez expuesto. Los jueces valientes no quedan aislados: quedan rodeados de gestos institucionales que simulan apoyo mientras, en silencio, se apagan las condiciones mínimas para ejercer el cargo. Aquí no siempre hace falta disparar. A veces basta con apagar la luz.
La historia del juez anticorrupción Carlos Patricio Serrano Lucero, que Rodríguez relata con una indignación comprensible, no es solo la de un juez valiente. Es la de un sistema que aprendió a castigar sin “ensuciarse las manos” y que ya no necesita órdenes manifiestamente ilegales, porque domina un método más eficaz: la intemperie.
Serrano hizo lo que se supone que debe hacer un juez: juzgar. Integró el tribunal que condenó en el Caso Euro 2024 a una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico. Entre los sentenciados está el ciudadano serbio Srdjan Jezdimir, un nombre que solo parece menor para quien no ha leído el expediente. El juicio probó que se movieron más de once millones de dólares en Ecuador mediante empresas de papel, transferencias internacionales, bienes de lujo, armas y todo el vestuario habitual del crimen organizado cuando decide disfrazarse de empresario respetable.
No fue un error contable ni una travesura financiera. Fue crimen organizado, del serio y del caro. Hubo cooperación internacional, operativos simultáneos, armas incautadas y equipos para interceptar comunicaciones policiales. Diez años de prisión y empresas disueltas. Justicia, de esa que incomoda porque no pide permiso.
La respuesta del Estado fue rápida y ejemplar. Ejemplar en el peor sentido: no lo protegió, lo puso a prueba. El Consejo de la Judicatura pretende ahora sentarlo a la fuerza en el tribunal del caso Triple A, que involucra a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y crítico del Gobierno central, el 24 de diciembre, para que se “reivindique”. ¿Navidad adelantada: obediencia a cambio de protección?
Cuando el juez dice “hasta aquí” y presenta su renuncia, tampoco se la aceptan. Porque aquí ni siquiera irse es un acto libre. La lógica es la misma: no basta con juzgar conforme a la ley, hay que demostrar docilidad. Así, la independencia judicial se convierte en un curso de reeducación política y el juez deja de ser juez para pasar a ser alumno con mala conducta.
Funcionarios decorativos, que no producen nada salvo escándalos, desfilan con seguridad de nivel presidencial, prebendas, blindaje político y silencio cómplice.
El mensaje no es sutil: si persigues la corrupción, te abandonamos; si eres funcional al poder, te premiamos. Luego nos preguntamos por qué nadie cree en la justicia, como si fuera un misterio filosófico y no una consecuencia lógica.
El caso Jezdimir tiene además un libreto que retrata el deterioro del sistema. Condenado por tráfico de drogas en 2015. Beneficiado después por jueces de garantías penitenciarias. Dos jueces destituidos en 2020. Uno estuvo preso y espera ser llamado a juicio. El otro fue exculpado y hoy busca reintegrarse a la Función Judicial. El único juez que hoy enfrenta amenazas, retiro de seguridad y presión institucional es el que participó en su condena definitiva. Si esto no es pedagogía del miedo, se le parece demasiado.
Como si faltara una última escena incómoda, diversos medios ecuatorianos revelaron que Dolores Vintimilla, esposa y socia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, fue defensora de Jezdimir y de otros procesados por narcotráfico, incluido José Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros. No se trata de demonizar la defensa penal. Se trata de algo más básico: la justicia también debe parecer limpia, no solo afirmarlo en comunicados. Y cuando quien administra la carrera judicial tiene vínculos personales y societarios con la defensa del crimen organizado, la independencia deja de ser principio y se convierte en coartada.
Rodríguez cierra su columna con una pregunta desesperada: si ya no hay esperanza, ¿para qué seguir? Aquí es donde discrepo, con respeto. El problema no es la falta de esperanza. El problema es haber confundido valentía con sacrificio inútil y denuncia con desahogo. No basta con decir que los valientes están solos. Hay que decir quién los deja solos, cómo y para qué.
Esto no es una tragedia inevitable. Es una arquitectura. No es caos. Es diseño. Y tiene consecuencias reales: la vida de Carlos Serrano está en riesgo. Cuando el Estado le retira la protección a un juez amenazado por el crimen organizado, no es neutralidad, es abandono. Y el abandono, aunque no haga ruido, también mata.
Y todo esto pasa en Navidad. El mes de la paz, del perdón y de las fotos con sonrisa institucional. Se habla de esperanza mientras se deja solo al juez que condenó al crimen organizado. Se predica amor al prójimo y se administra el miedo con firma, sello y expediente. Hay hipocresías que ni el pesebre resiste y villancicos que suenan mejor con la justicia amordazada.
No es persecución.
No es error.
No es mala suerte.
Es un manual de intimidación con membrete oficial, escrito en letra chica y aplicado en silencio.
Porque cuando la justicia se arrodilla, no lo hace sola, siempre hay alguien sosteniéndole la cabeza.
Después no pregunten por qué el país canta derrotas como si fueran himnos. Aquí, a fuerza de costumbre, aprendimos a aplaudir al verdugo y a sospechar del juez.