La Iglesia católica de Bolivia pidió este miércoles a las autoridades que adopten «actitudes concretas de solidaridad» en el actual contexto de crisis que vive el país, en un mensaje de Navidad en el que también instó a la población a pensar en el «bien común».
Los obispos señalaron en su mensaje que el país vive «una situación particular» y que «seguramente esta no es una Navidad como en otros tiempos», pero consideraron «fundamental» que los bolivianos piensen «en el bien común» y adopten, «desde las responsabilidades de cada uno, decisiones necesarias para dar un nuevo rumbo e impulso al país».
«Hacemos un llamado a nuestras autoridades para que, en este tiempo, adopten actitudes concretas de solidaridad, pensando en el sufrimiento de la población», indicó la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), que también instó a la comunidad católica del país a sumarse a las iniciativas solidarias con las familias «más necesitadas».
Según la entidad, «vendrán tiempos complicados», aunque expresó su confianza en que un trabajo conjunto permitirá construir «una Bolivia unida, justa y digna, llena de oportunidades para quienes carecen de empleo digno o enfrentan dificultades económicas para sostener a sus familias».
Bolivia vive una crisis económica reflejada en la falta de divisas que persiste desde 2023 el encarecimiento de algunos productos básicos y también tenía problemas de abastecimiento de combustibles desde 2024.
Hace una semana, el Gobierno de Rodrigo Paz, que lleva en el poder poco más de 45 días, emitió un decreto que retiró la subvención de los combustibles, lo que supuso incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), el aumento de los bonos a los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El Gobierno aseguró que la aplicación del decreto eliminó el contrabando del combustible subvencionado en un 30 %, garantizó la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio, además que permite un ahorro al Estado de 10 millones de dólares al día.
El decreto es rechazado por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, que convocó a marchas de protesta y una huelga indefinida desde el lunes, aunque la medida es acatada solamente por los sindicatos de mineros que trabajan para el Estado.
Las protestas de otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, se fueron levantando en la medida en que el Gobierno acordó la instalación de mesas sectoriales de trabajo. EFE (I)