Guayaquil, Ecuador
“Quod principi placuit, legis habet vigorem”. Lo que place al príncipe tiene fuerza de ley. El autocrático principio fue guillotinado, al menos en teoría, con la revolución francesa, donde nacieron (o re-nacieron en realidad) la libertad, la igualdad y la fraternidad como elementos fundamentales de las modernas democracias.
Aunque la revolucionaria Madame Roland dijera poco antes de subir al cadalso una enorme verdad: “Libertad, cuantos crímenes se cometen en tu nombre”. Y desde ahí, algunos tiranos como Stalin, Castro, Ortega o Maduro cometen crímenes a cada rato a nombre de la “democracia”. Hitler o Mussolini tuvieron al menos la decencia de cometer sus crimenes “por sus propios derechos” y no escudándose en el nombre del pueblo. Pero me estoy alejando del concepto.
Hoy en dia muchos abusos se cometen “a nombre de la libertad”, “en defensa de la ley” o…..”en defensa de la constitución”. Y uno de esos abusos es (o puede ser) el lenguaje. Porque el lenguaje es vital en la vida de la gente. Es lo que nos permite comunicarnos. Es lo que permite que nos entendamos. Es lo que permite leer y, sobre todo, entender.
Claro que que hay “lenguajes especializados” como el de los médicos o los ingenieros, por ejemplo. Cuando un médico me dijo en alguna ocasión que tenía “cefalea” me mandó al diccionario. En el fondo al médico no importa que no le entiendas sino que te cure. Los jueces, al dictar una sentencia, tienen que tratar de ser bastante más claros que los ingenieros o los médicos.
Simplemente porque si el interesado lee un fallo y no lo entiende, nunca sabrá si en su caso se hizo justicia. Claro que para eso está el abogado, pero nada hay mas seguro que los propios ojos del interesado cuando lee algo que le afecta directamente.
Nuestra Corte Constitucional, que tiene una “salvaje libertad” para resolver cualquier tema, como hubiera dicho el Dr. Otto Arosemena Gómez, ha desarrollado, en palabras, aquello que se llama el “test de motivación”. Y que no es otra cosa que el explicarle a la comunidad (legos y legistas) que toda resolución del poder público tiene que estar motivada, concepto que no es nuevo, pues como hemos visto, es consustancial a la democracia misma como un freno a la arbitrariedad.
La motivación es todo lo contrario al “yo hago lo que me plazca”. Es explicar por que lo hago o lo digo. Muy simple. La Constitucion actual dice que “todo acto del poder publico tiene que ser motivado”. Pero no la última por si acaso sino todas las últimas.
Tomemos el ejemplo de la Constitucion de 1945, la que vino luego de la revolución de Mayo: “Las sentencias serán motivadas y en ellas se expresará la ley o fundamento en que se apoyan”. Muy bien. La norma no es nueva. Es tan vieja como los artículos 94 de la Constitución de 1.945, el 125 de la de 1.946, el 200 de la de 1.967 y el 24 numeral 13 de la de 1998. Montecristi la puso en el 76 numeral 7 literal l. Y como los articulos eran bastante claros los jueces entendían que motivar una sentencia era argumentar bien (en algunos casos muy bien) las razones por las cuales una decisión se tenía que adecuar a una norma legal luego de estudiados y descritos los hechos.
Y si los jueces ordinarios no lo hacen bien, para eso está la casación.
Pero no ha sido sino hasta ahora en que la Corte Constitucional, la “corte de cortes”, aquella que no rinde cuentas a nadie, que no es interpelable y que tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en una cuarta instancia tumbando incluso decisiones de la Corte Suprema de Justicia (hoy bien llamada Corte Nacional, ya que la corte suprema es en realidad la Corte Constitucional) que ha resuelto elaborar un “test de motivación”.
Justo es decir que quien lo elaboró primero fue la corte “cervecera”, que el año 2012 “ideó” un test para verificar si una sentencia cumplía los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad. No me quiero meter en este artículo a descifrar lo que era razonable, lógico y comprensible para la anterior Corte.
Lo interesante es que la Corte actual se “alejó” del antiguo test y estableció, el año 2017, unas nuevas pautas basadas en la motivacion “suficiente”, que es aquella con una “estructura minimamente completa”, siendo “incompleta” cuando hay “inexistencia”, “insuficiencia” y “apariencia” de motivación, siendo a su vez la “apariencia” la que tiene vicios de incoherencia, inatinencia, incongruencia e incomprensibilidad.
Cada uno de estos conceptos está definido en la sentencia No. 1158-17-EP del año 21 y luego en la 1852-21-EP y le han permitido, en varios fallos, a la Corte declarar que una sentencia de la Corte Nacional o Cortes Provinciales -por ejemplo- son nulas por falta de motivación. Y lo hacen luego de cinco o seis años, cuando, en ocasiones, los protagonistas están muertos o la aplicación retroactiva de la sentencia produce un caos ante situaciones ya consolidadas.
Además, los criterios son enormemente amplios. Por ejemplo, la motivación “aparente”, que es la que “luce suficiente pero que, luego de un examen detenido, permite identificar cierto vicios que las hace inexistentes o insuficientes” le da a un juez constitucional una discrecionalidad muy grande, y en un caso puede considerar suficiente una motivación y en otro, de similares características, puede considerarla insuficiente por “inatinencia”.
Y destruir la cosa juzgada ya que la motivacion aparente tiene cuatro vicios: la incoherencia, la inatinencia, la incongruencia y la incomprensibilidad.
Y en ese galimatías ya no voy a meter al querido lector. Por ahora solo basta decir que con estos “tests” de motivación cualquier sentencia previa puede ser tumbada por la Corte. Lo que va mas allá de su “rol institucional”. La convierte, como decía Olmedo, en “árbitro de la paz y de la guerra”. Y en actor politico.