La Policía Nacional de Perú (PNP) comenzará a multar con casi 200 dólares desde este miércoles a las motocicletas que circulen con dos personas a bordo, como medida para intentar frenar el auge de ataques de sicarios y extorsionadores, especialmente en la capital.
El jueves pasado, el Gobierno aprobó esta medida en un decreto supremo que incluye la prohibición de que dos personas viajen en las misma moto en las zonas declaradas en estado de emergencia, como sucede desde octubre pasado con varias ciudades, entre ellas la capital Lima y la colindante provincia portuaria del Callao.
El director de tránsito transporte y seguridad vial de la Policía, Humberto Alvarado, explicó en una conferencia de prensa realizada en Lima este lunes que estos días están llevando a cabo una etapa de sensibilización y comunicación a la ciudadanía, pero a partir del miércoles ya serán aplicables las sanciones económicas.
«Entendamos que este decreto supremo está orientado a fortalecer estos de estas disposiciones del estado emergencia, es un mecanismo más que la policía de tránsito va a comenzar a regular ya a partir del día 21 con las sanciones que correspondan a estos casos», señaló Alvarado.
Añadió que esta medida está orientada a mitigar y minimizar las acciones de violencia, puesto que muchos delitos de extorsión y sicariato son cometidos «por personas del mal vivir a bordo de una motocicleta».
La infracción por primera vez será sancionada con una multa de 660 soles (196 dólares), además de la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor; pero en caso de reincidencia, la multa se incrementará a 1.320 soles (392 dólares) y se sumarán 60 puntos, sanción que incluso puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir.
«Entendamos que esto va a ser parte de la cultura ciudadana, de la cultura cívica también inclusive y esto se tiene que regular con los operativos permanentes que vamos a desarrollar en todo lo largo y ancho de Lima», indicó el general.
El ciudadano Ronnie Pretel, que viaja a diario en motocicleta con su pareja, indicó a EFE que esta medida les discrimina y van a verse perjudicados en su día a día cuando no están haciendo nada malo.
«Que nos queda, pagamos justos por pecadores, somos dos personas trabajadoras que estamos yendo a trabajar, no somos delincuentes. ¿Qué se puede hacer? Son medidas populistas», expresó Pretel desde el distrito limeño de Lince.
Agregó que en Lima hay demasiada delincuencia y la situación llegó a un punto donde le da miedo que su pareja viaje en transporte público, por los constantes ataques de extorsionadores, que exigen pago de cupos a los conductores de autobuses, a quienes atacan a disparos en caso de no pagar.
El Gobierno de Perú prorrogó este sábado por 30 días el estado de emergencia decretado desde octubre pasado en Lima y la provincia portuaria vecina del Callao para enfrentar el embate del crimen organizado y la delincuencia común. EFE (I)