El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia exigió este martes «respuestas inmediatas» luego de que su hija, Mariana González, denunciara «extorsiones» a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, quien permanece detenido desde enero de 2025.
En un comunicado publicado el lunes, Mariana González denunció haber sido víctima de “extorsión” por parte de personas que, según afirmó, le advirtieron que debía “obligar” a su padre —exiliado en España desde 2024— a “renunciar a su lucha y causa” opositora a cambio de la liberación de Tudares.
Sobre esto, González Urrutia comentó en la red social X que la «gravedad de estos hechos y de todo el vicio ‘jurídico’ exige respuestas inmediatas».
«Mi hija Mariana denuncia tres episodios de extorsión, en los que la detención de Rafael fue utilizada deliberadamente como instrumento de presión para forzar decisiones políticas», subrayó el líder opositor, quien reclama la Presidencia de Venezuela al afirmar que derrotó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en las elecciones de 2024.
Mariana González denunció que los «tres episodios de extorsión» provinieron «tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes».
Aseguró que en estas tres ocasiones «hubo testigos», quienes, afirmó, escucharon «íntegramente» todo lo que se le dijo, y detalló que estas «extorsiones» se «llevaron a cabo en sedes diplomáticas (embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos».
A su juicio, existe un «sentimiento de venganza» que se ha «volcado» contra su esposo, quien -consideró- ha sido «víctima de un proceso penal sin pruebas y de una cruel venganza política».
En este sentido, argumentó que el expediente judicial contra Tudares «es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos» al asegurar que «no existen testigos» ni «existen evidencias» contra su esposo, ni tampoco «hechos demostrables» que constituyan delito.
Mariana González aclaró que «nunca» se le permitió acceder al expediente de Tudares ni se le entregó una copia. Sin embargo, añadió que su esposo, abogado de profesión, «revisó íntegramente su propio expediente y pudo constatar que no había pruebas en su contra».
Por tanto, afirmó que la condena impuesta contra Tudares de 30 años de prisión «constituye una violación absoluta al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa». EFE (I)