Guayaquil, Ecuador
Con el fallo de la Corte Constitucional sobre la concesión de proyectos eléctricos a empresas e inversión privada aumenta todavía más la preocupación por posibles apagones en los próximos meses. Esto, porque nuestro sistema eléctrico continúa siendo muy vulnerable, dependemos fuertemente de la energía hidroeléctrica, con la sequía, la caída de niveles en los embalses y un gobierno que no tiene los recursos suficientes para invertir como deberían en este campo, los cortes de luz son una posibilidad.
La decisión de la Corte ha generado polémica y tensión con el ejecutivo y el sector productivo, pues consideran que es un error. Y tienen razón, la constitución del Ecuador en su artículo 316 establece la excepcionalidad de la participación de los privados en los sectores estratégicos, incluyendo al sector eléctrico. Pues considera que esta actividad debe ser llevada a cabo principalmente por el Estado, convirtiéndose en un obstáculo legal para resolver plenamente el inconveniente.
Es preocupante que nuestra constitución reserve casi en exclusividad gestiones tan importantes para los ecuatorianos como es la energía eléctrica porque limita la entrada de competidores privados y reduce la competencia. Esto produce lo que en la actualidad ya estamos viviendo, ineficiencia, falta de innovación, menores incentivos para invertir o mejorar servicios y débiles mecanismos de rendición de cuentas sin responsables directos de las malas decisiones.
Estos monopolios alentados por el mismos Estado no están sujetos a competencia por lo que son más costosos, y en las circunstancias actuales es claro que con poca capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Todos los mercados, incluyendo los sectores estratégicos deben ser libres y sin intervención estatal, permitiendo la libre entrada y salida de empresas según las señales de oferta y demanda, esta es la solución real para resolver de largo plazo el problema que estamos viviendo.
Estos servicios deberían poder organizarse de manera competitiva o mediante alternativas descentralizadas. Además, limitar la participación privada en sectores donde se necesita de manera urgente capital solo sirve para desalentar inversiones, afectando la eficiencia y una rápida respuesta a la crisis.
Avanzar hacia un marco que sustituya la planificación centralizada por competencia descentralizada, con seguridad jurídica y precios libres como mecanismos de coordinación es la única forma de acabar con el problema eléctrico desde la raíz. Esperemos que las autoridades lo entiendan de una buena vez.