Tras el allanamiento a la casa de Luisa González por presunto dinero ilegal desde Venezuela a la campaña presidencial de 2023, la expresidenta del correísmo señaló a la entonces presidenta y actual prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga a quien además Luisa increpó de tener vínculos con el Gobierno de Daniel Noboa.
De su lado, Aguiñaga respondió a González y enfatizó que desconoce los motivos jurídicos que llevaron a la Fiscalía a realizar allanamientos recientes y apuntó que no tiene responsabilidad sobre los fondos de campaña de 2023.
«El Código de la Democracia establece claramente que la responsabilidad financiera recae exclusivamente en el candidato y en el responsable del manejo de los recursos. No en el presidente del partido”, aseguró Aguiñaga, quien aclaró que renunció a la presidencia del movimiento tres días después de la elección y que «las cuentas de campaña se presentaron cuando ella ya no ocupaba ese cargo».
Calificó de absurdo que Luisa González intentara involucrarla en la investigación, sugiriendo que Aguiñaga debería ser investigada también. “Solo resulta absurdo que quien fue candidata presidencial hoy pretenda desconocer la Ley Electoral”, agregó.
Además, rechazó categóricamente cualquier vínculo con el presidente Daniel Noboa, asegurando que su trabajo se enfoca en resolver problemas de la provincia del Guayas, sin alineaciones políticas partidistas.
Vínculos entre PDVSA y el correísmo
La Fiscalía allanó la casa de la expresidenciable del movimiento correísta Revolución Ciudadana, Luisa González en medio de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos ya que el Ministerio Público sospecha del ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar una campaña presidencial de 2023.
La Fiscalía denominó a este caso ‘Caja Chica’ . Junto con la Policía, la Fiscalía ejecutó allanamientos a tres inmuebles en Pichincha y uno en Guayas, con el fin de recabar indicios relacionados con la investigación.
Los funcionarios no realizaron ninguna detención. Sin embargo, de hallar culpables, el Codigo Orgánico Integral Penal (COIP), según estipula el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos puede ser penado con hasta 30 años de cárcel para los autores y hasta 22 años para los colaboradores.
Hasta el momento no ha habido pronuncianiento del movimiento Revolución Ciudadana.