Las autoridades italianas han desarticulado una presunta red de fraude que operaba en el sur del país mediante el uso de inteligencia artificial para crear identidades ficticias y acceder ilegalmente a ayudas sociales, informó este martes la Guardia de Finanzas.
La trama, denominada ‘Fake Family’, habría generado un fraude estimado en 1,4 millones de euros, obtenidos mediante solicitudes fraudulentas de la asignación única universal, un subsidio mensual destinado a familias en situación de vulnerabilidad gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Italia (INPS).
La investigación, llevada a cabo en la provincia de Foggia, en la región de Apulia (sureste de Italia), se saldó con la detención de cuatro personas, que presuntamente crearon 59 perfiles ficticios de mujeres de nacionalidad rumana en los que se señalaba que cada una tenía entre cinco y seis hijos a cargo.
Según las autoridades, los rostros y datos personales de esas identidades fueron generados mediante herramientas avanzadas de inteligencia artificial y, tras verificaciones con los Carabineros y canales de cooperación internacional, se confirmó que estas identidades no existían.
La red contaba con la complicidad de un funcionario del registro civil, quien habría emitido documentos de identidad y residencias falsas, y de un empleado de un centro de asistencia fiscal (CAF) de Foggia, encargado de presentar las solicitudes ante el INPS.
Para reforzar la simulación de legitimidad, también se habrían generado contratos laborales falsos en empresas agrícolas de Cerignola y activado tarjetas prepago para retirar los fondos obtenidos.
El juez de instrucción del Tribunal de Foggia autorizó el embargo preventivo de bienes relacionados con los implicados, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y otros activos, mientras se investiga el caso por presunta estafa agravada y falsedad ideológica en documento público.
La Guardia de Finanzas destacó en su comunicado que este tipo de delitos no solo desvían recursos públicos, sino que también socavan la equidad y la cohesión social, perjudicando a quienes realmente necesitan estas prestaciones. EFE (I)