Quito, Ecuador
¡Qué madrugada la del 10 de febrero!
Detienen al alcalde de Guayaquil.
Reordenan el Consejo de la Judicatura.
Aterriza un extraditado clave del mayor escándalo de corrupción del último gobierno.
Todo en la misma franja horaria. Demasiado sincronizado para despacharlo como mera casualidad.
Anatomía del poder
Hay quienes escuchan lo que se dice. Y hay quienes perciben lo que se mueve.
Leer el poder es no quedarse en la escena, sino entender la arquitectura invisible donde realmente se toman las decisiones. Detectar jerarquías sin necesidad de organigramas, reconocer lealtades detrás de los gestos, identificar silencios cargados de intención. El poder rara vez grita. Casi siempre susurra.
Quien no sabe leerlo confunde visibilidad con influencia, cargo con control, palabras con decisiones. Habla de personas. Nunca de estructuras.
Por eso, frente a madrugadas como esta, algunos ven episodios aislados. Otros ven movimientos dentro de un mismo tablero.
El escenario político ya venía cargado de tensiones, y el avance del denominado Caso Caja Chica terminó por endurecer ese clima. El 28 de enero de 2026, la Fiscalía ejecutó allanamientos contra figuras centrales del correísmo, incluyendo a Luisa González y Andrés Arauz, bajo la hipótesis de presunta delincuencia organizada y lavado de activos.
Las interpretaciones se alinearon, como suele ocurrir en Ecuador, no alrededor de los hechos sino de las trincheras políticas: para unos, la justicia actuaba. Para otros, la justicia operaba.
En ese clima de tensiones acumuladas, declaraciones como las de Diana Jácome, asambleísta oficialista, recomendando a los correístas “usar una buena pijama por cualquier cosa”, perdieron todo atisbo de inocencia y terminaron siendo combustible para la sospecha pública.
Aquiles: detención, grillete y prisión preventiva
Días después, la madrugada ofreció su propia respuesta.
La detención de Aquiles Álvarez en el caso Goleada es, por supuesto, jurídicamente relevante. Pero el detalle verdaderamente perturbador no fue solo la captura. Fue el contexto procesal en el que ocurrió. Álvarez fue detenido, en pijama, sin portar el grillete electrónico impuesto por orden judicial en otro proceso, el caso Triple A.
La ausencia del dispositivo no era un detalle menor. En cualquier sistema mínimamente coherente, activaría consecuencias procesales previsibles. En Ecuador, en cambio, el fondo del asunto rara vez logra aislarse del ruido político. Pero incluso ese elemento palidece frente al movimiento institucional que se desarrollaba en paralelo.
El juez del caso Goleada, Jairo García, es a su vez investigado en el denominado “Caso Fachada”, que examina una presunta trama de corrupción judicial basada en maniobras legales destinadas a facilitar la liberación de individuos vinculados a Los Comandos de la Frontera.
Fue este mismo juez García quien dispuso que la audiencia se realizara sin prensa ni transmisión telemática, relegando la cobertura periodística a versiones indirectas y fragmentadas provenientes de la Policía, la Fiscalía o los abogados. El país no vio la audiencia, no escuchó los argumentos y no tuvo acceso inmediato a los documentos ni a lo ocurrido en sala.
Que la audiencia haya sido a puerta cerrada no prueba nada, pero en un sistema judicial donde la confianza pública ya camina con muletas, la falta de transparencia siempre deja ruido.
Tras varias horas de diligencia, el juez dispuso la prisión preventiva de Álvarez y de los demás procesados, junto con el congelamiento de cuentas y bienes. La decisión se apoyó en la alegación de riesgos procesales y en la ausencia del grillete. Sin embargo, en términos estrictamente jurídicos, la prisión preventiva es excepcional y exige motivación reforzada: riesgos reales, concretos y debidamente fundamentados de fuga u obstaculización, además de un examen de necesidad y proporcionalidad frente a medidas menos gravosas. Lo que queda a la vista, en cambio, es el peligro de que la cautela termine funcionando como castigo adelantado.
Larco: la sucesión bloqueada
Pero el tablero todavía no terminaba de moverse.
El Consejo de la Judicatura era reconfigurado. Mario Godoy solicitó licencia y su ausencia temporal habilitaba la sucesión inmediata de su suplente, Alexandra Villacís.
Ese era el camino regular. No fue el que se tomó.
Antes de que el Pleno adoptara resolución formal alguna, apareció un supuesto impedimento laboral atribuido a Villacís. Horas bastaron para bloquear su sucesión y habilitar la designación directa de Damián Larco como presidente encargado.
La velocidad no fue administrativa. Fue política.
Y en política, los detalles nunca son accesorios.
Larco no es abogado todavía. Según el propio Consejo, actualmente cursa la carrera de Derecho a distancia. Es economista.
Su trayectoria institucional incorpora, sin embargo, un dato imposible de ignorar en este contexto. Damián Larco fue Director del Servicio de Rentas Internas (SRI) durante el período en que se redujo drásticamente la deuda millonaria del Grupo Noboa, incluida la de Exportadora Bananera Noboa.
En ese clima, como siempre ocurre cuando el poder se mueve de madrugada, comenzaron a circular los comentarios de pasillo. No son pruebas, pero rara vez son inocentes. Varias voces recordaron la cercanía de Larco con figuras centrales del actual entorno gubernamental. El nombre que más se repitió fue José Julio Neira.
Nada de ello constituye, por sí mismo, una irregularidad jurídica. Pero en política, los perfiles se evalúan en contexto. Y el contexto aquí es inequívoco.
En el órgano que gobierna la Función Judicial, en una madrugada decisiva, se priorizó un perfil operativo cuyos antecedentes, trayectorias y entornos dialogan directamente con el poder político vigente. Cuando la institución que gobierna la Función Judicial se reorganiza en esas condiciones, no se trata de una simple sustitución funcional, sino de control de la sucesión.
La silla de la Presidencia del Consejo de la Judicatura aún estaba tibia cuando Larco comenzó a ejercer el cargo con velocidad inusual. Destitución de un fiscal. Sanción contra un juez.
La madrugada no solo reordenó nombres. También activó decisiones.
La Judicatura no es un órgano ceremonial. Administra el sistema judicial, estructura esencial para la investigación, procesamiento y juzgamiento del crimen organizado. No todo lo que resulta jurídicamente posible es, necesariamente, institucionalmente compatible. El problema aquí no es penal. Es estructural.
Porque cuando quien preside el órgano de gobierno judicial arrastra tensiones derivadas de vínculos que afectan la percepción de independencia frente a causas de delincuencia organizada, la fricción deja de ser estrictamente jurídica. Se convierte en un problema institucional. Y la credibilidad del sistema entra en zona de desgaste.
No hablamos de culpabilidades. Hablamos de confianza pública.
Cortázar: el testigo que puede cambiar la trama
Como si la noche necesitara reforzar su propia carga simbólica, esa misma madrugada aterrizó en Ecuador Leonardo Cortázar, extraditado desde Panamá.
No se trata de un nombre más. Cortázar es, hasta ahora, la única persona capaz de conectar directamente a Danilo Carrera con estructuras criminales y esclarecer si existieron otros involucrados en la trama que sacudió al país durante el gobierno de Guillermo Lasso.
Cortázar tiene información. Y cuando decida cantar, el ruido político no tardará en mutar en nuevas revelaciones, nuevos nombres y nuevos blancos.
No es una coincidencia: es un patrón
Todo ocurre con una precisión temporal que, en política, rara vez es irrelevante. Porque cuando las piezas comienzan a moverse con esta sincronización, el problema ya no es una persona específica ni un expediente concreto. El problema es el patrón. La normalización de que los grandes movimientos del poder ocurran de madrugada, bajo cobertura procedimental, con explicaciones frágiles y efectos institucionales profundos.
Cuando la justicia empieza a operar con lógica política, y la política se escuda en la justicia, la coincidencia deja de ser explicación. Se convierte en coartada.
A esta altura, fingir sorpresa ya es una forma de complicidad.
Conviene mantenerse despiertos.
La madrugada siempre ha sido territorio del poder.