La excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, acudió este viernes a la audiencia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para responder ante las supuestas irregularidades denunciadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las cuentas de campaña de las elecciones extraordinarias de Ecuador de 2023.
La resolución se emitirá días después, una vez el juez revise las pruebas aportadas por ambas partes ente caso.
La denuncia que inició este proceso fue interpuesta por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, por la supuesta entrega incompleta o incorrecta de los informes financieros correspondientes a la campaña de dichas elecciones, que finalmente ganó el actual presidente Daniel Noboa.
La abogada del CNE Betty Báez explicó que los denunciados no lograron corregir varias de las 13 observaciones formuladas por el organismo electoral sobre el manejo económico de la campaña, pese a que tuvieron un plazo inicial de 90 días tras los comicios del 20 de agosto de 2023 y una prórroga adicional de quince días.
Báez señaló que, tras una nueva notificación emitida el 20 de febrero de 2026, la organización política solo subsanó tres de las observaciones, por lo que consideró que la conducta de los responsables se enmarca en el artículo 281, numeral 1, del Código de la Democracia.
Por su parte, desde Revolución Ciudadana (RC), el partido liderado en la distancia por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), insistieron en que los fallos fueron técnicos o de interpretación, no un ocultamiento deliberado, y argumentaron que el proceso tiene un trasfondo político.
Entre los denunciados figuran González, en su calidad de representante legal y excandidata presidencial; el excandidato a la vicepresidencia Andrés Arauz; Estefanía Molina, responsable del manejo económico; y Santiago Díaz, el que fuera jefe de campaña y que fue expulsado del partido tras ser acusado de violar a una menor.
La tesis de «persecución política» es la que también ha esgrimido el correísmo, la principal fuerza de la oposición, frente a otras investigaciones abiertas contra dirigentes del movimiento, como el caso denominado ‘Caja Chica’.
Respecto a este, un juez del mismo Tribunal Contencioso Electoral dispuso el pasado viernes la suspensión cautelar de Revolución Ciudadana, a pedido del fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos relacionada con la financiación de la campaña de 2023.
En el caso denominado como ‘Caja Chica’, la Fiscalía investiga a varios dirigentes del correísmo ante sospechas de que hubo una financiación oculta desde Venezuela a la campaña electoral de 2023, cuya contienda acabó ganando Noboa frente a Luisa González.
Entre los indicios del Ministerio Público figura el testimonio sin pruebas de Santiago Díaz, ahora exintegrante de Revolución Ciudadana, quien aseguró haber trasladado dinero desde Venezuela, supuestamente por orden de Correa.
Fruto de ello, la Fiscalía allanó tanto la vivienda de González, como la sede del partido en la capital Quito. EFE