El juez Jairo García, del Tribunal de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado acogió el pedido del fiscal Dennis Villavicencio y dictó prisión preventiva en contra del asambleísta Raúl Chávez tras ser vinculado al caso Goleada, por el cual también ha sido capturado y está siendo procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus dos hermanos, Antonio y Xavier.
Tanto Chávez como Álvarez han denunciado que el proceso es parte de una persecución política ordenada por el gobierno del presidente Daniel Noboa.
Con está nueva vinculación y orden de prisión preventiva se suman 12 procesados en esta causa que investiga los delitos de lavado de dinero y asosiación ilícita.
De acuerdo al Ministerio Público, entre esos elementos consta una versión en la que se señala que el asambleísta habría sido supuestamente «beneficiario de transferencias de dinero –de forma personal y a través de su empresa– por parte de personas jurídicas investigadas, sin que exista una relación comercial que las justifique».
Además de personas también de la alta cúpula del Barcelona Sporting Club (mediante el cual supuestamente lavaron activos los tres hermanos Álvarez).
RETO
Chávez, que es muy cercano a Alvarez, llegó a la Asamblea Nacional en 2025 de la mano de una alianza entre el movimiento Renovación Total (RETO) y la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) que está actualmente suspendido. Aquiles Álvarez fue elegido alcalde de Guayaquil por la misma alianza.
La audiencia fue programada para la mañana, sin embargo, el abogado del asambleísta sostuvo que el juez no era competente para conocer este caso, debido al cargo de Chávez, por lo que se dilató varias horas, pero la Fiscalía señaló que los hechos que se investigan habrían ocurrido antes de que asumiera esa función.
«Lamentablemente hoy en el Ecuador hay una justicia absolutamente tomada. No hay garantías de absolutamente nada», indicó Chávez en un video que circuló antes de conocerse la decisión judidicial, y en elque aseguró que se iba a defender «de manera técnica y legal», pero que no iba a «regalar la libertad a absolutamente nadie».
En el caso Goleada, el Ministerio Público investiga la existencia de un presunto «entramado empresarial creado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero».
La causa está relacionada con la comercialización de combustibles, un negocio familiar del alcalde Alvarez que ya es objeto de investigación en otro proceso, denominado ‘Triple A’, en el que se acusa a la autoridad municipal, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos. (I)
- Con reportes de EFE.
