El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió este jueves un decreto para permitir el despliegue de militares extranjeros en el país y colaborar en operaciones contra las bandas criminales, y con inmunidad otorgada por el jefe de Estado en el marco del ‘conflicto armado interno’ que el mandatario mantiene declarado en el país contra el crimen organizado.
«A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad», señaló Noboa en un vídeo difundido en redes sociales por la Presidencia.
El gobernante aseveró que esta disposición es «fruto de meses de trabajo, especialmente con la última reunión en el Pentágono», y anticipó que «desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo».
Actualmente, Ecuador ya recibe apoyo -entre otros- de EE.UU. y la Unión Europea para temas de seguridad, especialmente del primero con soporte de inteligencia, pero sin tropas sobre el terreno hasta el momento.
Noboa ha reaccionado horas después que un par de sicarios adolescentes asesinara a plena luz del día en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, a un líder del narcotráfico de nombre Carlos Alberto Suástegui Villanueva, que acababa de ingresar al país por Migración, desde Panamá.
¿Qué dice el decreto sobre la lucha contra las bandas criminales?
Este documento dispone, literalmente, que «el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos» por Ecuador.
Anota que las acciones adoptadas por el Estado en el marco del conflicto armado interno tendrán como finalidad neutralizar «todas las estructuras que constituyan una amenaza para la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población».
Añade que el presidente, conforme lo contempla la Constitución, «concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y los civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado, de conformidad con la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico vigente».
Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional (Parlamento) para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial o de los civiles que hubieren actuado en defensa del Estado.
Tras decretar el «conflicto armado interno», Noboa ha decretado una serie de estados de excepción para combatir la inseguridad. El más reciente se activó esta semana, por sesenta días, en diez provincias y tres municipios.
Críticas a la declaratoria de «conflicto armado interno»
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado presuntos abusos por parte de militares en el marco del «conflicto armado interno». Y, según Amnistía Internacional, la Fiscalía registra unos 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde 2023. El primer mandato de Noboa inició en noviembre de ese año.
Uno de esos casos es el de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos de manera irregular en Guayaquil por dos patrullas militares en diciembre de 2024, y posteriormente fueron hallados calcinados y con impactos de bala, cerca a una base militar.
La justicia condenó por desaparición forzada a los militares que participaron en la detención de los menores de entre 11 y 15 años, a penas de entre 30 meses y 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada.
Pese a la declaración de «conflicto armado interno» y los sucesivos estados de excepción que se prolongan durante casi dos años y medio, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica. EFE
