Tras la finalización de los últimos alehatos en la audiencia del caso Triple A en el que se señala de tráfico de combustibles al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la Fiscalía pidió la pena máxima para Alvarez y los demás procesados en el caso Triple A, por el delito de comercialización ilegal de combustibles.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena máxima por esta infracción es de tres a cinco años de cárcel, según el Código Integral Penal de Ecuador. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó considerar los agravantes, y por ello, la pena sería de seis años y nueve meses en prisión.
Por ello, la fiscal a cargo, Ruth Amoroso, acusó en calidad de autores de este delito a Alvarez, Raúl Zambrano, Juan Dionisio Araujo, Fausto Vaca, Edgar Flores, Rosa Ortiz y Edgar Campoverde. Amoroso, también pidió el pago de 12 salarios básicos por cada procesado, incluyendo Alvarez.
Ella, empezó teniendo la palabra y dijo: «Se vendió a empresas fronterizas sin autorización y se produjo una desviación a segmentos diferentes», acusó. Asimismo precisó que una de las personas clave en estas transacciones fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien fue gerente y representante legal de la empresa Copedesa.
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) también se sumó a la petición de Fiscalía. «Un grupo de empresas que pertenece a un mismo grupo de personas decidió posicionarse en todos los roles de comercialización de hidrocarburos y realizaron ventas de diésel subsidiado», dijo Christian Puente, directoor de la ARCH, luego a Teleamazonas.
Por otro lado, la defensa de Alvarez ha argumentado que durante el juicio, la Fiscalía no ha podido probar que las empresas del alcalde incurrieron en actos de corrupción. La defensa también alegó que Nicole Bermúdez, la principal denuciante, dio punto de partida para este proceso y cuestionó que no haya comparecido en el juicio y su paradero sea desconocido.
Pero desde la ARCH se refutó este cuestionamiento: «Ella solamente alertó que algo sucedía cumpliendo con su deber como funcionaria pública», respondió Puente, sobre su extrabajadora.
Últimos alegatos
Una de las tres personas que rindió su testimonio fue Juan Alberto Santana, representante legal de la empresa Oroestiba. Éxplicó que su empresa se dedica a actividades relacionadas con la cadena logística de traslado de mercadería, carga y servicio de bodega. Asimismo, negó que ha incurrido en delitos relacionados con el tráfico de combustible, y dijo que solo adquiría diésel a la estación Araujo, relacionada con la empresa Copedesa.
Juan Dionisio Araujo, gerente general de la empresa Harsajudi, recordó que su empresa se dedica a la venta de combustible del sector automotriz y negó cualquier otro vínculo comercial en su comercialización o traslado. «Nunca hubo cobros ni operaciones ocultas. Todo es consistente entre el combustible adquirido y pagado», afirmó Araujo. (I)
Las demás demandas de la Fiscalía
La fiscal Amoroso también acompañó su acusación solicitando al tribunal juzgador que se disuelva y clausure definitivamente las seis empresas procesadas en el caso Triple A. Una de ellas es Copedesa, de propiedad de la familia Alvarez. La jurista también exigió el pago de multas y la reparación integral, tanto material como inmaterial. En este proceso, la Fiscalía estimó un perjuicio de 61 millones de dólares al Estado por el desvío de combustible, como el diésel subsidiado.
Es decir, se solicitó que este dinero debe ser pagado por todos los procesados como reparación al Estado ecuatoriano.