La Fiscalía General del Estado presiona al tribunal para emitir una sentencia en el caso Triple A en Ecuador, tras solicitar 6 años y 9 meses de prisión —la pena máxima— para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros procesados por presunta comercialización ilegal de combustibles.
Actualmente del juicio está een la etapa de deliberación, es decir, el tribunal antes de dar su veredicto, se encuentra analizando las pruebas tras concluir los alegatos y la solicitud de condena. Los abogados de Álvarez denuncian que se juzga al funcionario bajo un artículo que consideran no vigente o derogado.
Por tro lado, la Fiscalía exige celeridad en la resolución debido a que la prisión preventiva del alcalde está próxima a caducar. Eso podría ocurrir el 8 de septiembre, pues la vigencia de la prisión preventiva es de hasta seis meses que se cumplen en esa fecha. La boleta de encarcelamiento se emitió tras resolver que Álvarez incumplió la medida cautelar del uso de grillete electrónico.
Por ser un delito sancionado con hasta cinco años, el periodo de caducidad de la prisión es menor a un año y se suspende solo cuando hay una sentencia. La ARCH, por su parte, alegó que la falta de pronunciamiento afecta el principio de celeridad procesal. (I)