La familia del exministro ecuatoriano José Serrano, investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, denunció este viernes que no ha podido comunicarse con él desde que ingresó en la prisión de máxima seguridad del país andino tras ser deportado el pasado 28 de agosto desde Estados Unidos.
«José Serrano Salgado 168 horas incomunicado, 7 días sin contacto con su familia ni sus abogados. No sabemos si está recibiendo los medicamentos que necesita. No podemos confirmar directamente que esté con vida», escribió en su cuenta de la red social X su hija Verónica.
En su mensaje, ella compartió un video en el que se ve a la madre de Serrano, Rocío Salgado, en la zona exterior de la Cárcel del Encuentro, la prisión insignia de la política de seguridad del presidente, Daniel Noboa, construida para aislar a líderes de grandes bandas criminales a similitud de las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador.
La mujer llegó hasta ese lugar con el abogado de Serrano, Eduardo León, para entregar unas medicinas que, aseguró, debe tomar su hijo.
Sin embargo, el abogado León afirmó que nadie recibió las medicinas, y que aunque él ya ha pedido conversar con su cliente, no ha recibido ninguna respuesta.
La situación que asegura estar pasando la familia de Serrano es similar a la que han denunciado parientes de otros presos de esa cárcel, quienes el pasado 24 de agosto interpusieron una acción de protección en la que exigían al Gobierno visitas y canales de comunicación, y están a la espera de una audiencia que está previsto que se realice el martes.
El exministro, uno de los hombres fuertes del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y que residía en Estados Unidos desde 2021, fue detenido el 7 de agosto de 2025 por presuntamente excederse del tiempo permitido para permanecer en el país, si bien argumentaba que tenía en marcha una solicitud de asilo político.
En mayo pasado, una corte de inmigración determinó que Serrano tenía protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT), por lo que Estados Unidos no podía deportarlo, mientras él seguía luchando por un recurso judicial de hábeas corpus para que las autoridades migratorias lo liberen.
El exfuncionario es uno de los imputados por la Fiscalía de Ecuador como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando restaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando Noboa.
En ese caso también están procesados el exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y tres altos mandos del grupo criminal Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría (‘Pipo’), máximo líder de la organización criminal, actualmente detenido en España. EFE