Una jueza de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva contra la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez (o el nombre de la prefecta actual según el contexto judicial reciente), tras ser vinculada a un presunto delito de delincuencia organizada y corrupción en contratos públicos.
La medida cautelar se dio a conocer durante la madrugada de este domingo, luego de una audiencia de formulación de cargos que se extendió por más de diez horas. La Fiscalía General del Estado presentó decenas de elementos de convicción, entre los que se incluyen chats archivados, seguimientos y auditorías financieras que presuntamente vinculan a la alta funcionaria con una red que direccionaba licitaciones de obras viales en la provincia.
Además de la prisión preventiva, la magistrada dispuso la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. La defensa de la prefecta calificó la medida de «desproporcionada» y anunció que apelará el fallo de inmediato, argumentando que su defendida siempre ha colaborado con la justicia y que no existe riesgo de fuga.
La funcionaria será trasladada en las próximas horas a un centro de privación de libertad en Quito mientras se desarrolla la instrucción fiscal, la cual tendrá una duración de 90 días. El Consejo Provincial de Santo Domingo deberá convocar a una sesión extraordinaria para encargar la prefectura al viceprefecto en funciones, conforme a lo establecido en el COOTAD.