La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe) ha anunciado la suspensión de las ventas a crédito y convocar a movilizaciones. Exigen una revisión inmediata del margen de comercialización del diésel, una cifra que permanece fija en $0,12 por galón desde hace varias administraciones, a pesar del incremento acumulado en los costos operativos, el transporte y el financiamiento.
Mientras el precio final del diésel al consumidor se sitúa en torno a los $3,15 por galón —sostenido por un subsidio estatal que supera el dólar por galón—, el margen bruto de ganancia de los minoristas no ha sido ajustado para reflejar la realidad inflacionaria ni el aumento en los costos salariales y bancarios (tarifas por tarjetas de crédito y costos de custodia de efectivo).
Las principales presiones que enfrenta el gremio incluyen:
- Costos de capital de trabajo: Comprar una tanquería de combustible requiere hoy más de tres veces el capital requerido hace cinco años, lo que dispara los costos de endeudamiento para mantener los inventarios activos.
- Pérdidas por merma y evaporación: Las normativas actuales no reconocen completamente los porcentajes de pérdida técnica por temperatura y transporte, costo que absorbe íntegramente el distribuidor.
- Riesgo de iliquidez en ventas a crédito: El sector público y las grandes flotas de transporte suelen diferir sus pagos a 30 o 60 días, obligando a las gasolineras a asumir el costo financiero sin poder transferirlo al precio final fijado por el Estado.
Impacto macroeconómico y el dilema del Gobierno
El reclamo de la Camddepe ubica al Ministerio de Economía y Finanzas y a Petroecuador en un callejón de difícil salida. Atender el pedido de aumentar el margen de comercialización implica dos vías: incrementar el precio final del diésel al público (con el consecuente riesgo de encarecer el transporte de carga y la canasta básica) o asumir el diferencial mediante un mayor gasto en subsidios energéticos, lo que deterioraría aún más el déficit fiscal.
Las medidas de presión anunciadas amenazan con paralizar la provisión de combustible a industrias clave, a flotas de transporte pesado e interprovincial, y a contratistas de obras públicas.
Una eventual suspensión masiva de operaciones en las gasolineras obligaría al Ejecutivo a sentarse en mesas de diálogo urgentes para evaluar mecanismos alternativos, como la deducción tributaria por gasto operativo o la revisión paulatina y segmentada de los márgenes comerciales.
