El informático y programador sueco Ola Bini fue retenido por autoridades migratorias en el norte de Quito. A través de sus redes sociales, el ciberactivista denunció que el Gobierno de Ecuador revocó su visa de residencia y teme que las autoridades «destruyan su vida otra vez».
Intercepción y traslado a oficinas de Migración
De acuerdo con las declaraciones de su abogado defensor, Carlos Soria, Bini fue interceptado por un vehículo del cual descendieron cuatro personas mientras salía a realizar compras en un supermercado. Posteriormente, fue trasladado a las dependencias de la Subsecretaría de Migración, localizadas en la intersección de las avenidas Amazonas y República, frente al centro comercial El Jardín.
A las 15:09, el programador alertó sobre su situación en su cuenta oficial de la red social X:
«Hace una hora fui retenido por migración de Ecuador. ¡¡Dicen que han revocado mi visa!! Estoy en migración frente a El Jardín. Temo que van a destruir mi vida otra vez».
Inicio de trámite de deportación
Documentos emitidos por la Subsecretaría de Migración confirman que, tras una verificación formal de su estatus en el país, se determinó que el ciudadano sueco incurre presuntamente en una causal de deportación. Ante esto, las autoridades le notificaron el auto de inicio del proceso administrativo de deportación.
Su defensa técnica ha catalogado la detención como irregular y cuestionó los mecanismos utilizados para el abordaje del informático, anunciando que interpondrán las acciones legales correspondientes para frenar la medida administrativa.
El trasfondo del caso Ola Bini
Ola Bini, quien reside en el país andino desde 2013, ganó notoriedad internacional tras ser arrestado en abril de 2019 bajo acusaciones de supuesto acceso no consentido a sistemas informáticos del Estado ecuatoriano. El caso estuvo estrechamente vinculado a las tensiones políticas en torno al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, con quien Bini mantenía una relación de amistad.
Tras un prolongado e irregular limbo legal, en enero de 2023 un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ratificó por unanimidad su estado de inocencia. El proceso, no obstante, continuaba bajo apelación de la Fiscalía General del Estado, una situación que mantenía al informático bajo constante vigilancia en territorio nacional. (I)