El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, continuará cumpliendo prisión preventiva tras la resolución adoptada este 15 de octubre de 2026 por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Los magistrados rechazaron de forma unánime los recursos de apelación presentados por las defensas de los implicados dentro del denominado caso Blindado, investigación que persigue un presunto delito de lavado de activos.
El dictamen judicial ratificó la medida privativa de libertad para siete de los procesados, incluyendo al burgomaestre esmeraldeño, desechando la posibilidad de que se defiendan bajo medidas sustitutivas o arresto domiciliario. Asimismo, el tribunal acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado e incrementó la severidad de las cautelares, disponiendo también la prisión preventiva para otros dos involucrados que previamente gozaban de comparecencia periódica.
Millonario perjuicio y desvío de fondos estatales
La teoría del caso impulsada por el Ministerio Público apunta a la existencia de una estructura criminal organizada dedicada al aprovechamiento indebido de caudales públicos. El monto total del presunto lavado de activos asciende a USD 7.543.716.
De acuerdo con las indagaciones derivadas de un reporte de operaciones inusuales emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en noviembre de 2025, estos recursos habrían sido desviados sistemáticamente para beneficiar de forma directa al círculo familiar y cercano del alcalde Villacís. La red operaba mediante la inyección de capitales en empresas vinculadas, transferencias bancarias a cuentas en el exterior y la adquisición masiva de bienes muebles e inmuebles.
Cuenta regresiva para el juicio
Villacís permanece recluido en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, desde su captura el pasado 3 de junio de 2026 durante múltiples allanamientos simultáneos dictados por la justicia ordinaria. Tras haberse cerrado la etapa de instrucción fiscal de 120 días, el proceso judicial entra en su fase definitoria.
La Corte Nacional ha fijado de manera oficial la audiencia preparatoria de juicio para el próximo 18 de noviembre de 2026. En dicha diligencia se evaluará la validez legal de todo lo actuado y se determinará si existen los elementos de convicción suficientes para llamar a juicio formal a los 15 ciudadanos naturales y tres personas jurídicas que se encuentran procesados dentro de esta trama de corrupción económica. (I)