Una ola de indignación sacude a la administración capitalina tras conocerse los testimonios de varios empleados y exfuncionarios del Municipio de Quito, quienes denuncian la existencia de una red institucionalizada de cobros ilegales de «diezmos». De acuerdo con las acusaciones formalizadas ante la Fiscalía General del Estado, los trabajadores eran obligados a entregar montos mensuales de hasta USD 120 a cambio de no ser despedidos de sus cargos.
El «esquema» en la Empresa de Pasajeros
Los relatos de los afectados apuntan a que las principales irregularidades ocurrieron en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. Según los testimonios difundidos públicamente, el esquema de extorsión laboral funcionaba de forma escalonada:
- Montos variables: Los descuentos o contribuciones forzadas iniciaban en USD 60, subían a USD 80 y en los rangos jerárquicos superiores alcanzaban los USD 120 mensuales.
- Modalidad en efectivo: Para no dejar rastros bancarios ni transferencias, el dinero era recolectado exclusivamente en efectivo por coordinadores administrativos dentro de las oficinas de Despacho de la Gerencia.
- Rifas obligatorias: Además de las cuotas mensuales, los denunciantes señalaron que se organizaban actividades como rifas donde los empleados se veían forzados a desembolsar sumas adicionales de dinero (de hasta USD 460) para conservar la estabilidad en sus puestos.
Millonaria recaudación bajo la lupa judicial
El consejero Juan Esteban Guarderas, uno de los principales impulsores de la denuncia del denominado Caso VAQNAS, calcula de manera preliminar que esta red de captación ilegal podría haber recaudado cerca de USD 1 millón al año, considerando el universo de servidores de libre remoción en el cabildo. Según las acusaciones, estos fondos presuntamente se destinaban de forma ilegal a financiar actividades electorales y la futura campaña de reelección del actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz. (I)